Con “desazón”, viven los familiares de los desaparecidos durante la dictadura en Chile el retraso en la orden de extradición de la exagente de Pinochet, Adriana Rivas, en prisión en Sídney desde 2019.
“¿Por qué no se toma la decisión si ya se han dado todos los pasos y se han cumplido los plazos?”, se pregunta Marisol Berríos ante SBS Spanish.
Ella es hija del asesinado Lincoyán Berríos, una de las víctimas del Caso Conferencia II mediante el que Rivas está acusada en Chile por secuestro agravado.
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Adriana Rivas se fugó de la justicia chilena en 2010 mientras estaba en libertad provisional acusada del secuestro agravado de siete personas: Víctor Díaz, Fernando Ortiz, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Héctor Veliz y Reinalda Pereira.
Ella niega todos los cargos en su contra.
Gracias al trabajo de la periodista de SBS Florencia Melgar, quien la encontró y la entrevistó en 2013 y a las declaraciones donde Rivas defiende el uso de la tortura y cuenta cómo escapó de Chile, la Corte Suprema de ese país pidió su extradición en 2014.
En 2019 Rivas fue detenida y desde entonces se inició un largo proceso judicial de tres años en la justicia australiana, mediante el que la acusada trató sin éxito de evitar su extradición.
Las familias de los siete desaparecidos esperaban que, para este aniversario de los 50 años del golpe militar en Chile, la extradición se habría hecho efectiva.
El 10 de mayo de 2022 la exagente falló en su último intento de evitar su extradición a Chile ante la Corte Suprema de Australia (High Court), por lo que desde entonces su entrega a la justicia chilena está en manos del fiscal General, Mark Dreyfus, una entrega que no llega.
“Se retrasa la necesidad que tenemos los familiares de que se termine el proceso y se haga justicia, es doloroso y produce rabia”, concluye Marisol.
El abogado de los familiares de las víctimas del caso Conferencia II, Francisco Javier Ugaz, explicó a SBS Spanish que la Corte Suprema de Chile ha dictado recientemente sentencias por este caso y que “se han sancionado a 37 agentes que pertenecían a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y que participaron en los secuestros calificados de las seis víctimas del caso”.
Se siente como si los familiares ahora estuvieran siendo penalizados en vez de Rivas.Adriana Navarro
La abogada Adriana Navarro, quien representa en Australia a los familiares de los desaparecidos de los casos en los que Rivas es acusada, se puso en contacto con la oficina del fiscal General, Mark Dreyfus, para conocer los motivos del retraso en la extradición, pero no ha tenido respuesta.
“Le escribimos regularmente al fiscal General y él ha decidido pasar nuestras comunicaciones a una organización que responde por él, (National Crime Authority)”, explica Navarro, quien añade que las respuestas son “muy poco sinceras y proforma”, algo que les “llena de preocupación”.
“Se siente como si los familiares ahora estuvieran siendo penalizados en vez de Rivas”, concluye Navarro.
El empeño del fiscal General Mark Dreyfus cuando estaba en la oposición
En el año 2014, fue precisamente Mark Dreyfus quien que desde la oposición presionó al gobierno presentando en el Parlamento federal una petición para que el gobierno de entonces atendiera la solicitud de la justicia de Chile de iniciar el proceso de extradición de Adriana Rivas.
En esa intervención hacía referencia a su interés personal en el asunto, explicando que su esposa es chilena y que él y su familia vivieron en el país en 1995.
"Espero que el gobierno actúe con diligencia para asegurar que se haga justicia, haciendo todo lo posible para devolver a Adriana Rivas a Chile para que enfrente el juicio del que escapó", dijo Dreyfus ante el parlamento en 2014.
Le pido que atienda la situación considerando el sufrimiento y afectación que nos siguen provocando los crímenes de nuestros padres.Marisol Berríos
Esa misma diligencia es la que le piden ahora los familiares de las víctimas del caso Conferencia II.
“Le pido que atienda la situación considerando el sufrimiento y afectación que nos siguen provocando los crímenes de nuestros padres”, clama Marisol Berríos.
En SBS Spanish nos pusimos en contacto con la oficina del fiscal General, pidiendo una explicación ante este retraso.
El Gobierno australiano es consciente de la gravedad de las acusaciones contra la señora Rivas y de que este asunto sigue siendo una alta prioridad para Chile.Portavoz de la oficina del fiscal General
Un portavoz de la oficina del fiscal respondió en un email: “El Gobierno australiano es consciente de la gravedad de las acusaciones contra la señora Rivas y de que este asunto sigue siendo una alta prioridad para Chile”.
En la misiva explica que el asunto está avanzando lo más rápido posible y que “las obligaciones de equidad procesal se vinculan a una decisión de entrega y es necesario brindar a una persona una oportunidad razonable para hacer declaraciones sobre por qué no deben ser entregadas, así como consultar con el país solicitante y preparar el asesoramiento pertinente para la toma de las decisiones”.
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