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El ministro australiano del Interior, Peter Dutton, estaría nuevamente en el ojo de la tormenta después de que se cuestionara el uso de sus poderes discrecionales para favorecer a una niñera en 2015, al argumentar que el otorgamiento de visados a esta niñera extranjera (au pair) es de “interés nacional”.
El caso es investigado por la agencia local AAP, que aún no puede revelar todos los detalles debido a que aún sigue peleando ante las instancias judiciales competentes el acceso a mayores detalles del caso.
Se trata del caso de una joven, cuya identidad no fue revelada, que tenía un visado electrónico eVistor. Las autoridades australianas le cancelaron su visado en el aeropuerto de Brisbane el 17 de junio de 2015, lo que, bajo las leyes migratorias australianas, la colocó en una situación de ilegalidad.
La agencia local AAP logró acceso a los detalles vinculados al caso bajo las leyes que regulan la libertad de información, pero éstos no son totalmente claros porque se cita constantemente razones de privacidad.
Según la agencia de noticias, la oficina de Dutton intentó suprimir información clave del caso.
La AAP interpuso una queja ante el Tribunal de Apelaciones Administrativas y espera su decisión respecto a este caso.
Según la AAP la niñera hizo una llamada telefónica mientras fue detenida en el aeropuerto y “rápidamente” obtuvo un nuevo visado para quedarse legalmente en Australia.
Una Au Pair o niñera es una persona menor de 30 años que viaja al extranjero por un período limitado y vive con una familia que la acoge. Generalmente la niñera recibe alojamiento y comida gratuita y recibe propinas a cambio del cuidado de los niños y algunas tareas domésticas.
Un documento presentado en el Parlamento australiano muestra que la mujer tenía un visado de turista (subclase 600) después de que Dutton utilizara sus poderes ministeriales para intervenir en el caso.
“Al considerar las circunstancias particulares y características personales, decidí ejercer mi poder discrecional…y sería de interés público otorgar un visado a esta persona”, según el documento entregado al Parlamento.
Un funcionario conocedor del proceso de cancelación de visados en el aeropuerto dijo que estaba “muy sorprendido por esta serie de eventos raros”.
Es difícil determinar cómo el otorgamiento de un nuevo visado responde al interés público”, dijo la Fuente a la AAP, al recalcar que “no es común que se otorgue un visado en la frontera después de que ésta haya llegado o se le haya cancelado su visado”, precisó.
La fuente citada por la AAP indicó que generalmente se pone a la persona en falta en el siguiente vuelo a su país de origen.
El análisis de las declaraciones de los poderes ministeriales discrecionales del año 2015 presentado ante el Parlamento muestra que el grueso de estos visados se dan a los solicitantes de asilo que requieren un visado temporal (las bridging visas) o visados temporales humanitarios, o se trata de exresidentes que retornan a Australia.
Un exfuncionario del Ministerio de Inmigración dijo a la AAP que un ministro se convierte en Dios con estos poderes, ya que puede hacer lo que le venga en gana.
Dutton, quien no consultó al secretario ministerial o el jefe de Aduanas respecto a su decisión frente al caso de la niñera, se negó a explicar por qué consideró que el visado que otorgó a esta joven es de “interés público” o dar explicaciones sobre “las necesidades” de la receptora del permiso de inmigración.
Dutton, quien tiene tres hijos con su esposa Kirilly, negó que conocía personalmente a la joven o a la familia con la que trabajaba.
“La decisión no contraviene el estatuto de los estándares ministeriales”, dijo Dutton a la AAP en 2016, al referirse a este reglamento que remarca que estos poderes no deben ser usados con fines privados.
En la vista ante el Tribunal de Apelaciones Administrativas, la abogada de AAP, Surya Palaniappan, argumentó que la agencia de noticias no busca el nombre ni la información que la vincula a su empleado para identificarla. Pero exigió más información bajo las leyes que regulan la libertad de expresión.
La abogada del Ministerio, Brooke Griffin, remarcó que la divulgación de la información personal de la niñera, incluyendo su país de origen, su empleador o la conversación que tuvo con los agentes de Inmigración, podría suponer una violación a su derecho a la privacidad.
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