El Tribunal del Circuito Federal del norte de Queensland sentenció el 10 de mayo pasado a Leigh Alan Jorgensen, dueño y operador de la empresa Treck North Tours, con sede en Cairns, a doce meses de cárcel y el pago de 84,956 dólares por desacato a una orden judicial que congelaba los fondos de su empresa.
El juez Salvatore Vasta emitió esta sentencia tras determinar que Jorgensen cometió desacato a una orden de congelación de cuentas que la Defensoría logró en 2015 por haber pagado un sueldo por debajo de lo normal a cinco jóvenes que habían obtenido visados de trabajo y turismo 417 en 2013 y 2014.
Este mismo tribunal ordenó el 11 de mayo la suspensión temporal de la sentencia después de que éste pasara diez días en prisión tras el pago de la multa y la apelación del fallo emitido la víspera.
Se trata del primer caso llevado ante los tribunales por la Defensoría en relación a un desacato a las órdenes judiciales y la primera vez que se impone la pena de cárcel.
En ese caso por el pago indebido a los mochileros, el Tribunal del Circuito Federal ordenó en junio de 2015 que Jorgersen pague una multa de 12,000 dólares y su empresa otra de 55,000 dólares, así como el pago retroactivo de los sueldos de los mochileros antes del 17 de julio de 2015.
Asimismo la Defensoría logró que se congelen los fondos y activos de la empresa después de que Jorgensen y Treck North Tours no cumplieron con los pagos impuestos y ante la posibilidad de que se desviara el dinero de la empresa para evitar el pago de la multa y los sueldos retroactivos.
En aquel momento, la Defensoría tenía información que sugería que Jorgersen iba a quebrar su empresa para evitar los pagos. El empresario le había dicho anteriormente a los inspectores de la Defensoría que los mochileros no iban a recibir “ni un centavo” de su parte.
Tras la congelación de sus cuentas, Jorgersen pagó la multa impuesta sobre su persona, lo que motivó el levantamiento de la orden de congelamiento que pesaba contra el individuo. Empero, la empresa no hizo el pago respectivo y la orden de congelamiento sí se mantuvo sobre esta compañía.
La Defensoría inició un proceso judicial contra Jorgensen por desacato el año pasado al argumentar que el empresario transfirió en agosto de 2015 un total de 41,035 dólares de dos cuentas congeladas a un fideicomiso familiar.
El juez vasta consideró que la Defensoría presentó evidencias creíbles de que el empresario cometió un delito.
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