Un Tribunal del Circuito Federal multó a Avinash Pratap Singh, gerente y dueño parcial de una gasolinera 7-Eleven en East Brisbane, con 32.130 dólares y a la empresa que dirige S & A Enterprises con otros160.650 dólares tras una investigación realizada en 2015 por la Defensoría de Empleo Justo (Fair Work Ombudsman).
Los inspectores de la Defensoría hallaron que los empleados, todos ellos jóvenes estudiantes provenientes de la India, recibieron 5,593 dólares menos en total por los períodos en que trabajaron en la gasolinera en 2014.
Singh y su empresa admitieron que pagaron a sus empleados 14,14 por hora, que está por debajo del salario mínimo legal, y que además no les dieron a estos jóvenes el dinero que les correspondía por horas extras trabajadas ni por las jornadas durante los fines de semana y los días festivos.
A otro empleado de la gasolinera se le pagó un 25 por ciento menos de lo que le correspondía (4,439 dólares) por los cinco meses que trabajó, mientras que a otro joven se le dio 1,154 dólares menos durante las siete semanas que estuvo empleado en ese lugar (41 por ciento menos(.
Singh y S & A Enterprises también proporcionaron datos falsos a la oficina central de 7-Eleven sobre los salarios, según un comunicado de la Defensoría de Empleo Justo.
El juez Angelo Vasta indicó que la entrada de datos falsos sobre las horas y los salarios dados a los empleados de esa gasolinera en el sistema de pagos “crearon registros en los que parece que los empleados recibieron las tasas de salarios fijados por los laudos actuales, incluyendo las tasas de recargo y las pagas por horas extraordinarias de trabajo, las cuales no tienen relación con las horas de trabajo o las tasas reales por hora (que se les pagó)”.
El juez además obligó a los responsables a pagar a la Defensoría 2,247 por los costes legales.
“7-Eleven ha aprendido por la vía más dura lo que pasa cuando se actúa con negligencia ante las regulaciones laborales en la red o cadena de abastecimiento. Los operadores de las franquicias tienen que tomar los pasos necesarios para poner fin al incumplimiento de las leyes laborales en sus negocios o de lo contrario corren el riesgo de ser responsabilizados en virtud de las nuevas leyes”, dijo la defensora de Empleo Justo, Natalie James.
