Sinopsis:
El régimen de excepción impuesto en El Salvador contempla interceptar comunicaciones, prohibir manifestaciones, reuniones, capturar a personas tatuadas con símbolos de las estructuras criminales Mara Salvatrucha y Barrio 18. Además, le da potestad al gobierno de iniciar procesos judiciales de manera desmedida y a su antojo.
El gobierno ha activado reformas legales que incluyen aumentar las penas entre 40 a 45 años de prisión para jefes de estructuras criminales y que adolescentes mayores de 12 años puedan ser juzgados como adultos.
Además, la persecución a las pandillas en El Salvador incluye cateos, registros, capturas y el despliegue militar y policial, unido al endurecimiento del trato a 16.000 pandilleros presos, como lo anunció el director de centros penales, Osiris Luna.
Según datos oficiales, más de 6.000 personas han sido detenidas por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada en los últimos 10 días en El Salvador, en el marco del régimen de excepción impuesto para combatir la ola de violencia desatada por las pandillas. El oficialista canal 10 difundió comentarios de personas a favor de las medidas.
Mientras en Guatemala, el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, giró instrucciones a la Policía Nacional Civil para que "refuerce los operativos fronterizos entre Guatemala y El Salvador".
El periódico Prensa Libre informó que pandilleros salvadoreños han amenazado a tres familias guatemaltecas para que les renten sus casas en la zona fronteriza.
Mientras el vocero del gobierno, Kevin López, dijo al canal 23 que esta situación genera incertidumbre en su país y que habrá una reunión entre las autoridades de ambos países.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llamó a padres de familia a que adviertan a sus hijos adolescentes de que entrar en las pandillas los llevará a “la cárcel o la muerte”.
Además, publicó en Twitter un video en el que se muestran las duras condiciones de encierro que tienen actualmente los pandilleros en prisión, en el marco del estado de excepción.
En las imágenes se observa a pandilleros aglomerados en celdas, sin colchones en donde dormir y se escucha la voz de uno de ellos que se queja de la disminución en las raciones de comida y la falta de implementos para limpiar su lugar de encierro.
Por su parte, Honduras comienza a enfrentar los efectos adversos de las políticas públicas del gobierno de Bukele contra las pandillas, quienes han comenzado a buscar refugio en el país, obligando al gobierno de Xiomara Castro a establecer nuevas medidas.
Miembros de la Policía Nacional de Honduras confirmaron las primeras capturas de pandilleros salvadoreños que huyen de su país con destino a otras naciones de la región.
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, confirmó la captura de un pandillero de El Salvador disfrazado de religioso.
En tanto, la organización Human Rights Watch (HRW) llamó a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Unión Europea (UE) y a los gobiernos de la región a pronunciarse sobre el régimen de excepción adoptado en El Salvador, en el que se habrían producido violaciones de los derechos humanos.
Para la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, se solidarizó con las familias de las “víctimas de la violencia” así como también con las organizaciones nacionales de derechos humanos y con los periodistas que han sido acusados por el presidente Bukele, de ser "socios de los pandilleros".
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también mostró su preocupación al respecto. La portavoz de la oficina Liz Throssell, aseguró que entiende el desafío que supone la violencia de las pandillas para El Salvador pero que cualquier decisión debe manejarse bajo "la ley internacional de derechos humanos".
