Sinopsis:
En respuesta a la violencia de las maras, el Congreso salvadoreño decretó el estado de excepción por 30 días, suspendiendo algunas libertades civiles garantizadas en la Constitución y otorgándole al gobierno la capacidad de realizar arrestos arbitrarios, intervenir teléfonos sin orden judicial y disolver reuniones públicas.
Bukele ordenó al director de centros penales, Osiris Luna, un trato de dureza excepcional a los 16 mil pandilleros presos. De inmediato, el funcionario confirmó las medidas, principalmente a la llamada Mara Salvatrucha, para encerrarlos 24 horas sin posibilidad de ver la luz del sol.
Además, la Policía y el propio presidente Bukele, publicaron en Twitter imágenes y videos de supuestos pandilleros detenidos, en muchos casos semidesnudos, con las rodillas en el suelo o las manos sobre la nuca.
Tras el régimen de excepción decretado el fin de semana en El Salvador, Bukele confirmó en Twitter que más de 2.000 pandilleros han sido detenidos en lo que va del régimen de excepción, mientras sus parientes se quejaron por el trato a los capturados, según el canal 19.
Mientras, distintas entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre otros, han pedido a la administración de Bukele respetar y proteger los derechos humanos.
En tanto, los medios locales difundieron un presunto audio interceptado a supuestos pandilleros frustrados por las medidas del gobierno.
En respuesta, el presidente Bukele publicó en Twitter: “Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre. Dígame cuántos miles de pandilleros va a llevarse, para que los traten como reyes allá”.
Además, el mandatario acusó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de haber patrocinado en el pasado una "tregua" que "fortaleció" a las pandillas en el gobierno de Mauricio Funes en marzo de 2012.
Por su parte, desde la ONG Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, teme abusos a los derechos humanos por parte de las autoridades durante la vigencia del régimen de excepción.
En agosto de 2021, el periódico digital El Faro reveló que el gobierno de Nayib Bukele sostuvo en 2020 negociaciones con las tres principales pandillas del país dentro de penales de máxima seguridad, con la finalidad de reducir el número de asesinatos en El Salvador.
A cambio, la Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, habrían planteado una serie de demandas que incluyen mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para los pandilleros en libertad.
