El ex oficial de inteligencia militar de australiano, Clinton Fernandes, es conocido por los Archivos Nacionales de Australia, una institución en la que pasa gran parte de su tiempo investigando documentos históricos y cuyas decisiones ha llevado a tribunales varias veces.
El Dr Fernandes, profesor de estudios políticos e internacionales en la Universidad de Nueva Gales del Sur, y su abogado, Ian Latham, han trabajado juntos por más de una década en varios casos que han logrado desclasificar una serie significativa de documentos relacionados con las operaciones secretas de inteligencia de Australia en el extranjero.
El dúo se ha presentado ante el Tribunal Administrativo de Apelaciones (AAT, por sus siglas en inglés) varias veces, argumentando su caso para anular las decisiones tomadas por los Archivos Nacionales de Australia de mantener en secreto documentos históricos sobre las operaciones australianas en Timor Oriental, Camboya y ahora, Chile.
Fernandes y Latham se enfrentarán a una batalla cuesta arriba contra la AAT la primera semana de junio. Llegar a este punto le ha llevado a Fernandes casi cuatro años.
Fernandes dice que sus esfuerzos se centran en escudriñar las relaciones exteriores de Australia.
“En primera instancia, es cuestión de entender el lugar de Australia en el mundo. Nosotros, como ciudadanos, tenemos derecho a ver los registros gubernamentales después de 20 años, en virtud de la Ley de Archivos”, explica.
Escucho mucho sobre cómo somos un ‘buen ciudadano internacional’. Como politólogo, quiero examinar esa afirmación. Por eso me concentro en áreas como nuestra conducta en Timor, en Indonesia y, por supuesto, en Chile.
Desde la década de 1970, ha habido una creciente evidencia sobre la participación secreta de Australia en el golpe de Pinochet.
Se sospecha que oficiales de inteligencia australianos ayudaron a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) a socavar el gobierno electo del presidente chileno Salvador Allende, pero los documentos relacionados al golpe de Pinochet nunca han sido publicados.
Durante la brutal dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la disidencia fue castigada sin piedad. Cualquiera que se opusiera al régimen podía ser denunciado, arrestado, desaparecido y ejecutado.
Según informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el número total de víctimas de la época de Pinochet supera las 40.000 personas, al menos 28.000 de ellas fueron torturadas. Más de 3.000 fueron asesinados o "desaparecieron" y al menos 200.000 personas huyeron al exilio.
Fernandes y su abogado consideran que los documentos relativos a su solicitud tienen casi medio siglo de antigüedad, por lo que su desclasificación no representa una amenaza para la seguridad nacional de Australia en la actualidad.
“Demostraremos que el daño a la seguridad nacional de Australia hoy es inexistente,” señala Fernandes.
“Demostraremos que no estamos pidiendo averiguar los nombres de ninguno de los oficiales de ASIS o ASIO que estuvieron involucrados. Lo que queremos saber es las motivaciones, las instrucciones, las órdenes, la planificación de políticas”.
Latham agrega que “gran parte de este material ya es público y que existe un interés público en divulgar estos documentos de manera adecuada”.
“Ya hay una difusión pública significativa sobre las actividades australianas en Chile durante este período por parte de varios de los participantes en el proceso, tanto a nivel político como administrativo”, explica.
Puntos destacados:
- La participación de Australia en Chile se hizo pública en 1977 después de que el ex primer ministro Gough Whitlam creara una Comisión Real para investigar los servicios de seguridad de Australia. El propio Whitlam dijo al Parlamento que tenía conocimiento de que "el personal de inteligencia australiano estaba trabajando como representantes (proxies) de la CIA para desestabilizar al gobierno de Chile".
- ASIS es la agencia de recopilación de inteligencia secreta en el extranjero de Australia, mientras que ASIO es la Organización de inteligencia de seguridad de Australia. Son dos agencias separadas, que se enfocan en recopilar diferentes tipos de inteligencia.
- Como parte de la alianza “Five Eyes” (Cinco Ojos), Australia comparte inteligencia y coopera con otras naciones miembros (Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos). Mientras que otros miembros de los Cinco Ojos, como los Estados Unidos, desclasifican sus registros automáticamente después de un período prescrito, Australia no.
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Acceso denegado
Fernandes solicitó por primera vez el acceso a los registros relacionados con las operaciones de ASIS en Chile en virtud de la Ley de Archivos en agosto de 2017.
El Archivo no tomó la decisión de entregar los documentos dentro del período prescrito de 90 días (lo que se considera una denegación de facto), así que Fernandes solicitó que el Tribunal revisara esta decisión.
El Tribunal entonces le otorgó más tiempo al Director General de Archivos para revisar la solicitud de Fernandes.
Dos años después de que presentara su solicitud, en septiembre de 2019, Fernandes recibió una carta informándole que su solicitud había sido formalmente rechazada, porque los registros en cuestión habían sido "exentos":
“La Sección 33 (1) (a) de la Ley de Archivos establece que un registro de la Commonwealth es un registro exento si contiene información o materia cuya divulgación, en virtud de esta Ley, podría esperarse razonablemente que cause daños a la seguridad, la defensa o las relaciones internacionales de la Commonwealth”, dice la carta.
Agrega:
"Estos registros contienen información relevante para el desempeño de ASIS en funciones que siguen siendo sensibles".
“La divulgación pública de esta información podría comprometer las actividades de ASIS y afectar su capacidad para llevar a cabo sus funciones estatutarias. Considero que podría esperarse razonablemente que la divulgación de la información que he eximido cause daños a la seguridad o las relaciones internacionales del Commonwealth".
Smoke pours from the Chilean presidential palace, La Moneda, in this Sept. 11, 1973, file photo, after being hit by rockets fired by the air force Hawker Hunter Source: AAP
Tribunales Administrativos de Apelaciones: "Un hijo del ejecutivo"
Fernandes y Latham iniciarán su batalla contra la AAT a partir del miércoles, 2 de junio. Se espera que solo la primera mañana de la audiencia de tres días, cuando Fernandes presente su caso, sea pública.
El resto del proceso se desarrollará a puerta cerrada, ya que se espera que los tres miembros del Tribunal examinen las pruebas aportadas por el Archivo Nacional, ASIO y ASIS para argumentar que los documentos deben mantenerse en secreto, cinco décadas después de ocurridos los hechos.
El abogado Iam Latham, que ha trabajado con Fernandes en casos similares pro bono durante una década, explica que el Tribunal (AAT) funciona de manera distinta a una corte.
No puedes ver las presentaciones de la otra parte, o al menos la mayor parte de ellas, o la mayor parte de sus pruebas. A menudo, ni siquiera se ve realmente la esencia de su argumento. Así que es un proceso muy diferente a la forma en que normalmente funciona el litigio, donde ambas partes deben mostrar tanto sus argumentos como sus pruebas.
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Ex-intelligence officer fights to declassify documents on Australia’s involvement in Pinochet coup in Chile
En un artículo publicado en 2016 sobre los procedimientos y desafíos en el proceso de solicitud de publicación de documentos de la Mancomunidad (Commonwealth) en virtud de la Ley de Archivos, Latham describe el AAT como un "hijo del ejecutivo", que "tiene una posición independiente en la que puede re determinar las decisiones del gobierno".
Todos los miembros del Tribunal Administrativo de Apelación, incluido el Juez del Tribunal Federal que lo preside, son nombrados por el Fiscal General.
“[El Tribunal de apelaciones administrativas] ejerce un poder ejecutivo, no judicial”, ya que se pone “en los zapatos de los Archivos”, argumenta Latham.
Los Archivos Nacionales de Australia están obligados a publicar la mayoría de los registros después de pasados 20 años o más, a menos que se consideren "exentos", por motivos de seguridad nacional o por motivos de que podrían causar daños a la Commonwealth o las relaciones internacionales.
Latham considera que los procedimientos requeridos por la Ley de Archivos y el Tribunal Administrativo de Apelaciones son un objeto interesante de estudio, desde una perspectiva legal.
"El otro punto de interés tiene que ver con el registro histórico. ¿En qué medida tenemos que mantener un registro histórico incompleto debido a cuestiones de seguridad nacional y relaciones internacionales?", cuestiona el abogado.
Lo que sucederá después de los primeros tres días de audiencias es una incógnita. El Tribunal puede decidir o no llamar nuevamente a las partes para que presenten más pruebas, y podrían pasar semanas o incluso meses antes de que se emita una decisión.
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¿Hay necesidad de secretismo, 50 años después de los hechos?
Fernandes califica la relación entre los Estados Unidos y Australia como un "acuerdo transaccional entre dos socios desiguales".
Él considera que la alianza entre Australia y Estados Unidos bajo el acuerdo de los “Cinco Ojos” (Five Eyes) es especialmente importante de considerar cuando se trata de operaciones militares y de inteligencia y compartidas, dado que ambos países ofrecen vías muy diferentes para que el público y el gobierno puedan examinar y acceder a información relacionada con sus propias operaciones de inteligencia.
El Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos tiene acceso a la inteligencia. El Comité de Inteligencia de la Cámara tiene acceso a la inteligencia, y la razón por la que Estados Unidos cambió su política fue Chile.
“Cuando se supo por primera vez que el gobierno de Estados Unidos estaba involucrado y era responsable de derrocar al gobierno de Salvador Allende, hubo una gran reacción y hubo comisiones del Senado diseñadas para descubrir lo que había hecho el gobierno de Estados Unidos. Y esa es la razón por la que Estados Unidos creó los comités del Senado que les dieron poder real para escudriñar las operaciones de inteligencia. Por el contrario, Australia no ha tenido nada de eso”.
Además, Estados Unidos tiene un sistema de desclasificación automática después de un período prescrito de 10 o 25 años, según la agencia y el tipo de documento. Pasado el período, los cables diplomáticos y otros registros se hacen públicos. Algunos documentos pueden permanecer clasificados durante 50, 75 años o más, dependiendo de su nivel de clasificación. La decisión de mantenerlos secretos debe ser demostrada.
En cambio, en Australia, la desclasificación ocurre después de 20 años, pero se debe solicitar el acceso a los registros. El solicitante debe presentar una solicitud, que luego es evaluada y aprobada o rechazada por un funcionario de los Archivos. Para obtener copias de los documentos publicados hay que pagar tarifas elevadas.
También existen otras barreras que impiden al gobierno y a los funcionarios públicos de alto rango acceder siquiera a la información sobre las propias operaciones de inteligencia de Australia.
Fernandes explica que en Australia hay una falta grave de transparencia.
“En el Parlamento Federal tenemos un comité llamado el Comité Parlamentario Conjunto de Inteligencia y Seguridad. Es difícil para la gente creer esto, pero según la Sección 29 de la Ley de Servicios de Inteligencia, la Comisión Parlamentaria de Inteligencia y Seguridad no puede examinar ninguna operación de inteligencia, pasada, presente o propuesta. Solo puede examinar la administración y el financiamiento de las agencias”.
Además, el Comité solo está integrado por miembros del gobierno y partidos de la oposición; no pueden participar ni independientes ni Verdes.
Para Latham, el proceso de sopesar los motivos para permitir la divulgación histórica y la desclasificación frente a la necesidad válida de mantener el secreto, considerando la seguridad nacional y el interés público, es un asunto muy complejo.
“Es realmente controversial porque los gobiernos tienen razones legítimas para mantener determinados documentos secretos. Creo que la pregunta en este tipo de casos es, “¿dónde está el equilibrio, en términos de revelar esos asuntos o mantenerlos en secreto?”, explica.
“Es un balance difícil, creo que tanto para los legisladores como para los tribunales que se ocupan de estos asuntos también”.
Fernandes concuerda en la confidencialidad es necesaria en determinados asuntos de seguridad nacional. Sin embargo, cree que esto no se aplica al caso chileno, que aún es muy desconocido por el público en general.
“Nadie sabe siquiera que estuvimos involucrados en Chile, excepto aquellos que tienen una conexión directa con personas que hablan español o tienen una conexión con Chile o con Sudamérica, y están interesados en la política”.
“Hace 50 años, las tropas australianas estaban en Vietnam para mostrar relevancia para los planes políticos de Estados Unidos. Australia no tenía ningún temor directo de que Vietnam invadiera Australia. Pero como Estados Unidos quería atacar a Vietnam, entonces nos unimos a ellos y de esa manera demostramos que somos relevantes para ellos.”
“Al mismo tiempo que atacábamos Vietnam para demostrar nuestra relevancia a los Estados Unidos, también estábamos socavando al gobierno de Salvador Allende en Chile, donde tampoco teníamos ningún interés directo, pero el interés era mostrar nuestra relevancia a los Estados Unidos. El hecho es que la gente sabe sobre la Guerra de Vietnam y nuestra participación en ella, pero no sabe nada sobre nuestra participación en socavar al gobierno de Chile”.
“Como australiano, estoy muy interesado en comprender cómo y por qué apoyamos a Estados Unidos en lo que es un acto hostil profundamente antidemocrático”, lamenta el Dr. Fernandes.
Qué se sabe sobre la participación de Australia en el golpe militar en Chile
La participación de Australia en Chile se hizo pública en 1977, después de que el ex primer ministro Gough Whitlam creara una Comisión Real para investigar los servicios de seguridad de Australia.
Esta Comisión Real, dirigida por el juez Robert Hope, no examinó todas las implicaciones del papel de ASIS en Chile. Su informe tampoco lo condena:
“En ningún momento la CIA se acercó a ASIS, ni tuvo conocimiento de planes que pudieran haber sido preparados, para afectar la situación política interna en Chile. La estación de ASIS en Santiago solo atendía la recopilación de inteligencia a través de los agentes que le fueron entregados”.
Sin embargo, no todos están convencidos de que ASIS permaneció ajeno de los esfuerzos de la CIA, a instancias nada menos que del presidente Nixon, para derrocar al presidente socialista democráticamente elegido de Chile, Salvador Allende.
En mayo de 1977, el propio Whitlam dijo al Parlamento:
Se ha escrito, y no puedo negarlo, que cuando mi gobierno asumió el cargo, el personal de inteligencia australiano estaba trabajando como representantes (proxies) de la CIA para desestabilizar al gobierno de Chile.
Bajo el régimen de Pinochet, presuntos activistas de izquierda fueron detenidos y desaparecidos. Muchos de ellos fueron torturados.
La policía secreta de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), operaba fuera del sistema de justicia penal: no habían arrestos oficiales, ni juicios, ni registros públicos de las miles de personas que "desaparecieron" durante la dictadura. Las autoridades no daban información a las familias de los detenidos y, cuando las familias los venían a buscar, el régimen negaba tener conocimiento su paradero.
El terror de Estado, el silencio la autocensura prevalecieron tan profundamente, que, hasta el día de hoy, muchos de los actos realizados por la dictadura son desconocidos.
En reconocimiento al gran número de chilenos que necesitaban escapar, el gobierno de Whitlam, con apoyo bipartidista, creó un programa especial para que los refugiados chilenos vinieran a Australia.
Entre 1974 y 1981, Australia acogió a unos 6.000 chilenos y cientos más se unieron a ellos como parte de un programa de reunión familiar. En 1971, había 3.760 chilenos viviendo en Australia, pero para 1991, solo un año después del fin del régimen de Pinochet, había 24.042.
La llegada de este gran número de migrantes alimentó temores de que algunos agentes de Pinochet hubieran podido ingresar a Australia junto con refugiados legítimos.
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Durante décadas, los rumores y sospechas de que Australia estaba albergando a agentes de de Pinochet, al mismo tiempo que acogía a los refugiados del régimen, atormentaban a gran parte de la comunidad chilena en Australia.
En 2013, SBS Spanish reveló que la ex agente de la DINA, Adriana Rivas, había estado viviendo y trabajando como limpiadora y niñera en Sídney desde 1978.
Rivas es acusada en Chile por el secuestro agravado y la desaparición de siete disidentes en la década de 1970, incluida una mujer embarazada. De comprobarse, éstos son considerados crímenes de lesa humanidad.
Las autoridades de Chile detuvieron a Rivas en 2006, mientras ella estaba en el país de visita. Ella escapó de Chile mientras estaba bajo fianza en 2010. Cruzó ilegalmente los Andes hacia Argentina, desde donde abordó un vuelo de regreso a Australia. Una vez en Sídney, residía en una vivienda pública en Bondi hasta su arresto en 2019.
Ahora está esperando tras las rejas a que la Corte Federal dicte su decisión de otorgar o rechazar su apelación con respecto a su elegibilidad de ser extraditada a Chile.
Rivas se ha declarado "no culpable" y niega todas las acusaciones en su contra.
Con información adicional de Florencia Melgar, "El otro 11 de septiembre".
