Sinopsis
Esta semana se cumplen 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de México. Se trata de los jóvenes “normalistas”, como se denomina a quellos que aspiran a ser maestros.
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, el grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desapareció en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero.
Durante todos estos años, las versiones fueron diversas y poco claras sobre lo que ocurrió. Sin embargo, la versión oficial recoge que, los normalistas habían llegado la ciudad de Iguala para tomar por la fuerza autobuses con los que pretendían viajar a la Ciudad de México con el fin de participar en la conmemoración de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.
El entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
La hipótesis más aceptada a día de hoy es que, para lograr su cometido de conseguir el transporte que los llevaría a la capital mexicana, presuntamente los estudiantes amenazaron, sin saberlo, y tomaron 5 autobuses que serían parte de la logística comercial de una red de delincuentes locales. El diario español 'El País' reportó que los criminales de Iguala usaban esos autobuses para mandar heroína al norte de Estados Unidos.
En enero de 2016, el normalista sobreviviente Omar García Velásquez dijo a la BBC que lo de Ayotzinapa fue un crimen de Estado.
Durante el mandato de Peña Nieto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que presentó seis informes y denunció que la investigación era obstruida por la Secretaría de la Defensa (Sedena).
El panel de investigadores de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a México en 2015 y su trabajo fue clave para echar por tierra la inicial versión oficial del Gobierno del expresidente
Enrique Peña Nieto, conocida como “la verdad histórica”, que solo culpaba a policías locales coludidos con el crimen organizado por la desaparición de los 43 estudiantes y que sostenía que sus restos habían sido quemados en el basurero de Cocula.
Además, desde el inico de su gestión en diciembre del 2018, el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a llevar ante la justicia a los responsables de la desaparición.
Pero casi cinco años después, existe un distanciamiento entre el mandatario mexicano y los parientes de las víctimas.
Desde la semana pasada, los familiares de los 43 se mantienen en protesta en un campamento instalado frente al Campo Militar 1, en Ciudad de México, para exigir al presidente que cumpla con su promesa de justicia.
