PUNTOS DESTACADOS:
- El activista hondureño había denunciado amenazas de muerte desde 2022 debido a su lucha contra las concesiones de minería a cielo abierto y la tala ilegal en territorios indígenas.
- La iglesia católica del poblado de Tocoa responsabilizó del asesinato al alcalde municipal de la comunidad, el oficialista Adán Fúnez, considerado como un poderoso alcalde bajo la sombra de la familia presidencial.
- El Parlamento Europeo emitió una resolución instando a Honduras a proteger a sus defensores de derechos humanos y a garantizar que los responsables de este crimen no queden impunes.
El brutal asesinato del activista hondureño Juan Antonio López ha provocado una ola de indignación y condenas tanto a nivel nacional como internacional, colocando de nuevo el foco sobre la violencia que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Honduras.
El activista de los derechos territoriales y ambientales era miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Juan López fue encontrado muerto el pasado 17 de septiembre en la comunidad de Locomapa, en el norteño departamento de Yoro, una zona de conflicto por la explotación de recursos naturales.
Según los reportes periodísticos, Juan López fue emboscado y asesinado con signos de violencia y tortura, lo que sugiere que su muerte fue premeditada. Además de activista, López era regidor oficialista del municipio norteño de Tocoa.
El activista hondureño había denunciado amenazas de muerte desde 2022 debido a su lucha contra las concesiones de minería a cielo abierto y la tala ilegal en territorios indígenas tolupanes. A pesar de haber solicitado protección estatal, no recibió medidas adecuadas para salvaguardar su vida.
Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, condenaron el asesinato, exigiendo una investigación exhaustiva y transparente.
El papa Francisco también se pronunció sobre el asesinato de Juan Antonio López. Destacó la importancia de los activistas en la protección de la creación y los derechos de los más vulnerables, y pidió que este asesinato no quede impune.
Las principales hipótesis apuntan a que su asesinato está vinculado a su oposición a proyectos extractivos ilegales en la región, en particular a las actividades de empresas mineras y madereras.
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Pero la iglesia católica del poblado de Tocoa responsabilizó al alcalde municipal, el oficialista Adán Fúnez, considerado como un poderoso alcalde bajo la sombra de la familia presidencial.
Adán Fúnez acaba de sobresalir en un escándalo que ha estremecido las jerarquías del gobierno de la izquierdista Xiomara Castro, luego de que se publicara un video acompañando al exsecretario del Congreso, Carlos Zelaya, en una reunión de capos de la droga con los cuales negociaban la entrega de dinero para la campaña del Libre en 2013.
Sin embargo, el alcalde Fúnez declaró a un medio local que está dispuesto a ser investigado por la muerte del ambientalista.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno hondureño adoptar medidas urgentes para proteger a los defensores de derechos humanos, que enfrentan riesgos graves y constantes.
Además, el Parlamento Europeo emitió una resolución instando a Honduras a proteger a sus defensores de derechos humanos y a garantizar que los responsables de este crimen no queden impunes. Mientras tanto, la ONU ha ofrecido apoyo técnico para la investigación.
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Sin embargo, la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos temen que este caso, al igual que muchos otros, quede en la impunidad, como ha ocurrido en más del 90 por ciento de los asesinatos de activistas en el país centroamericano.
La muerte de Juan Antonio López no es un caso aislado. Según datos de la organización Global Witness, al menos 117 activistas han sido asesinados en Honduras entre 2010 y 2023, convirtiendo al país en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Entre los casos más emblemáticos está el asesinato de Berta Cáceres en 2016.
