El cardenal australiano George Pell, el jefe de las Finanzas del Vaticano, afronta desde el lunes un juicio sumario para determinar si existen suficientes pruebas para enjuiciarlo por presuntos delitos sexuales históricos, que datan desde hace varias décadas.
Por razones legales se desconocen tanto la naturaleza como el número de casos que afronta Pell, el máximo jerarca de la Iglesia Católica que afronta un juicio por presuntos delitos sexuales contra menores.
El viernes pasado se hizo público que la Fiscalía de la Corona retiró uno de los “multiples cargos” que pesan sobre Pell debido a la muerte de una de las presuntas víctimas.
El proceso sumario se extenderá por cuatro semanas, dos de las cuales se harán a puerta cerrada para permitir que unos 50 testigos y querellantes puedan dar su testimonio.
En el caso del estado de Victoria, los testimonios sobre delitos sexuales se hacen a puerta cerrada para proteger la intimidad de las víctimas.
El prelado de 76 años, que asegura su inocencia, obtuvo una dispensa del Papa Francisco para poder afrontar el proceso que se inició después de que la Policía de Victoria formulara cargos en su contra en junio del año pasado.
Desde que se formularon las acusaciones contra Pell, el exarzobispo de las ciudades de Sídney y Melbourne ha comparecido en dos vistas preliminares en julio y octubre del año pasado.
La defensa de Pell dijo la semana pasada en las vistas preliminares que intentará determinar cuándo las víctimas divulgaron los presuntos abusos ya que se busca probar que estas acusaciones se vinculan a “invenciones recientes” de la cadena local ABC.
El proceso contra Pell coincidió con el último tramo de la labor de la Comisión Real para investigar la respuesta de las instituciones a los abusos sexuales a menores.
La Comisión entrevistó a miles de sobrevivientes de pederastia e incluso al mismo Pell en tres oportunidades, una de ellas por vídeo conferencia desde Roma para dar cuenta sobre cómo gestionó los casos de pederastia en el estado de Victoria en la década de 1970.
Tras cinco años de investigaciones, la Comisión determinó que la pederastia en el seno de las instituciones australianas constituían una “tragedia nacional” y recomendó que el celibato sea voluntario dentro de la Iglesia Católica.
Según la Comisión, la Iglesia católica australiana recibió quejas de 4,500 personas por presuntos abusos a menores cometidos por unos 1,880 miembros de esta institución, sobre todo por parte de sacerdotes entre los años 1980 y 2015.
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