El Gobierno federal de Australia determinó que las empresas pueden preguntar a los trabajadores por su estado de vacunación, a pesar del creciente debate sobre la privacidad de la información. También abrió la puerta para que los empleadores obliguen, en situaciones razonables, a sus empleados a inocularse la dosis contra la COVID-19.
El primer ministro reconoció que, en última instancia, los empresarios deben considerar estas cuestiones y tomar sus propias decisiones en función de su lugar de trabajo, la seguridad, así como las leyes contra la discriminación y el derecho a la privacidad.
La directriz abre la puerta para que las empresas adopten medidas si sus empleados no se han vacunados y consideran que suponen un riesgo para sus clientes o compañeros de trabajo como trasladarlo a un puesto en el que no interactúe con terceros para evitar la propagación del virus.
Sin embargo, los líderes empresariales se sienten frustrados por la decisión de Morrison de evitar cualquier cambio en la legislación o en la normativa para dar mayor autoridad y claridad a los empresarios que quieran animar firmemente a los trabajadores a vacunarse, aunque no sea obligatorio.
Puntos destacados:
- El 6 de agosto de 2021, el Gabinete Nacional se reunió y debatió la cuestión de los empleadores que pretenden obligar a los empleados a vacunarse contra el COVID-19.
- Como parte del anuncio, el Primer Ministro explicó que el asesoramiento oficial del gobierno ha dicho que puede haber situaciones en las que es razonable que los empleadores exijan a un empleado que se vacune.
- La directriz complica su potencial aplicación debido a que la percepción de las consideraciones de seguridad y el respeto de los derechos puede variar en cada lugar de trabajo, por lo que el pedido para que el trabajador se vacune podría considerarse razonable en algunos lugares de trabajo pero no en otros.
- Según la Comisión de Empleo Justo, una prueba de vacunación es un certificado médico o los certificados del gobierno. Para más información se puede consultar Services Australia.
- Hasta ahora, sólo dos empresas australianas -la compañía aérea regional Alliance Airlines y la empresa conservera SPC- han declarado que harán obligatoria la vacuna COVID-19 para sus trabajadores, mientras que Qantas ha expresado que quiere que la inmunización contra la COVID-19 sea obligatoria para su personal.
Una fuente empresarial dijo al Sydney Morning Herald dijo que las autoridades federales creían que los empleadores podían pedir la información en muchas situaciones, pero una fuente del gobierno dijo que esto no era un cambio en la ley o la regulación, añadiendo que no correspondía a los organismos públicos dar a las empresas asesoramiento legal.
Varios sectores empresariales y civiles le han pedido al Gobierno australiano claridad en a medida dado que la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 se aplica a los trabajadores de los centros de cuarentena, sanitarios y del sector de cuidados de ancianos.
"No basta con dejar esto en manos de los empresarios, ya que éstos van a quedar a merced de los tribunales y de la opinión de sus trabajadores", afirma Innes Willox, director general del Australian Industry Group en declaraciones.
Los sindicatos y los grupos de empresarios coinciden en gran medida en que, en las limitadas situaciones en las que existen obligaciones de vacunación en el lugar de trabajo, éstas deberían estar respaldadas por órdenes de salud pública.
La directora ejecutiva del Consejo Empresarial de Australia, Jennifer Westacott, afirma que la vacunación debe ser "impulsada, en la medida de lo posible, por órdenes de salud pública, y no dejarse en manos de los empresarios".
Lo que dicen los organismos de defensa de los derechos
La Oficina del Comisión de Información de Australia ha publicado unas directrices para los empresarios que les indican que pueden recopilar información sobre la vacunación de un trabajador, pero sólo en circunstancias limitadas.
Las directrices dicen que sólo pueden recoger la cantidad mínima de información personal razonablemente necesaria para mantener un lugar de trabajo seguro y tienen que tomar "medidas razonables" para mantener la información sanitaria segura.
La comisión de Seguridad Laboral o Safe Work Australia, el regulador federal de la salud y la seguridad en el trabajo, y las Defensoría de Empleo Justo Fair Work Ombudsman, el organismo responsable del cumplimiento de las leyes federales sobre el lugar de trabajo, han dejado claro que la mayoría de los empresarios no pueden obligar a vacunarse.
Las directrices de Safe Work Australia dicen que "la mayoría de los empresarios no necesitarán hacer obligatoria la vacunación" para cumplir con sus obligaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo, explica el experto legal Joo-Cheong Tham, de la Universidad de Melbourne, en un artículo publicado en The Conversation.
Las excepciones son los casos en los que las directrices de salud pública les obligan a hacerlo. Ejemplos de ello son la orden sanitaria de Nueva Gales del Sur que exige que determinadas clases de trabajadores de instalaciones de cuarentena, transporte y aeropuertos se hayan vacunado al menos una vez, y la orden de Queensland que exige que los empleados de los servicios sanitarios en residencias de ancianos estén totalmente vacunados antes del 31 de octubre.
El Defensor del Trabajo dice que un empresario debe tener una razón de peso antes de exigir la vacunación de los trabajadores. Destacan dos condiciones:
Los empleados deben interactuar con personas con un riesgo elevado de infectarse con el coronavirus. Por ejemplo, si trabajan en la cuarentena de un hotel o en el control de fronteras.
Los empleados deben tener un contacto estrecho con las personas más vulnerables a las repercusiones sanitarias de la infección por COVID. Por ejemplo, si trabajan en la atención a las personas mayores, indica el experto de la Universidad de Melbourne.
Joo-Cheong remarca que esta segunda condición está en consonancia con las sentencias dictadas en casos de despido improcedente de empleados que se negaron a vacunarse contra la gripe. En tres casos de este tipo este año, la Comisión de Trabajo Justo (el tribunal industrial federal de Australia) dijo que era razonable que los empleadores de los sectores de atención a la tercera edad y cuidado de niños insistieran en la vacunación como condición de empleo.
