Perú está experimentando un aumento preocupante en el número de infecciones de COVID-19, por lo que la lucha del sistema de salud del país frente a la afluencia de casos se hace cada vez más cuesta arriba.
Desde principios de agosto, tras aliviar sus restricciones a principios de julio, el país andino ha registrado un aumento de nuevos casos diarios de coronavirus que supera rutinariamente los 7000.
Según un conteo de Reuters, Perú tiene la tasa de mortalidad por coronavirus más alta en América Latina, de 78,6 por cada 100.000 habitantes, superando así a sus vecinos, Chile y Brasil.
Pero se teme que las cifras de mortandad de Perú sean aún más altas, ya que los fallecimientos por coronavirus solo se cuentan si la víctima se sometió a una prueba para detectar el COVID-19 antes de morir.
La gravedad de la emergencia sanitaria, la profunda desigualdad socioeconómica del país y su geografía confabulan para empeorar la situación.
“El sistema de salud está realmente colapsado, ya no solo el sistema público, sino también el sistema privado”, cuenta a SBS Spanish la Directora Ejecutiva en Amnistía Internacional para Perú, Marina Navarro.
“Continúa habiendo un déficit muy alto de oxígeno, y también hay un tema de acceso desigual al sistema de salud. Ahora se ha extendido mucho la pandemia hacia las diferentes regiones, donde el sistema de salud es más débil que en la capital”.
Además de la falta de oxígeno y camas UCIs, se ha denunciado la lentitud en la respuesta del Estado, las carencias en la atención sanitaria en regiones y zonas remotas, y la falta de campañas de información cultural y lingüísticamente apropiadas para pueblos indígenas.
“(La pandemia) no sólo está afectando a los pueblos indígenas en la Amazonía, sino en otras zonas donde viven otros pueblos indígenas de los cuales el gobierno no mantiene datos”, explica Navarro.
Según la Directora Executiva de Amnistía Internacional en Perú, la crisis de la pandemia también está ocultando varias otras crisis de derechos humanos, además de la discusión en el Congreso de proyectos de ley cuestionables que impactarían a los grupos más vulnerables: indígenas, migrantes y refugiados.
“Estudios recientes de la Universidad del Pacífico han mostrado como más del 50 por ciento de las personas venezolanas en Perú, que recordemos están en ya casi al millón de personas (oficialmente 830,000) tienen miedo a acudir a un centro de salud si tienen cualquier síntoma o cualquier emergencia sanitaria, porque tienen miedo de acudir a las autoridades, por ser deportados, por ser criminalizados”, explica Navarro.
“Hay un proyecto de ley que habla de medidas especiales de generar un nuevo tipo penal para personas que entran de manera irregular al territorio nacional,” apunta.
Si entras de manera irregular al Perú puedes ser expulsado de una manera muy expedita en 48 horas, sin que haya acceso real a una defensa, y sin los medios probatorios que se requerirían para algo tan grave.
“Si lo haces por segunda vez hay una criminalización. Es decir, que la persona podría encontrarse con penas de cárcel entre cuatro y ocho años, una pena que se considera muy alta en Perú.”
Navarro sostiene que este nuevo proyecto de ley no toma en cuenta que Perú es un país del cual han emigrado unas tres millones de personas. De ser aprobado, podría contravenir también el derecho internacional, además de tratados internacionales firmados por el país andino y declaraciones anunciadas en foros migratorios.
En este sentido, la Directora Executiva de Amnistía Internacional en Perú añade que se trata de una ley “extrema” que podría afectar a mujeres migrantes que han tenido hijos en Perú y son peruanos, explicando que las madres podrían ser expulsadas del país, dejando a los hijos “en total indefensión” en Perú.
“Atentaría contra el derecho internacional, al principio de no devolución” y el derecho a la protección, subraya.
Por otro lado, la crisis de la COVID-19 en Perú también ha opacado posibles hechos delictivos de gravedad cada vez “más alarmantes”: el asesinato de cuatro defensores ambientalistas, y un alza en la desaparición de mujeres.
“Hay un problema enorme de violencia de género. Hay más de 1.100 mujeres desaparecidas en Perú sólo durante la pandemia,” explica Navarro.
Durante la pandemia, el número de mujeres desaparecidas durante el aislamiento se ha incrementado de cinco a ocho, apunta.
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