Sinopsis
Desde 1998, la legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas de 30 a 50 años de prisión.
Según la acusación de la Fiscalía, el 17 de junio de 2020 Lesly Lisbeth Ramírez tuvo un parto extrahospitalario en el que dio a luz a una niña, a quien luego le habría causado seis heridas en el cuello con un cuchillo.
De acuerdo con la investigación fiscal, la joven, que residía en una zona rural del oriente del país, “ocultó su embarazo a los familiares y tuvo un parto extrahospitalario en el que dio a luz a una niña que nació con vida y que, a través del reconocimiento forense, se estimó que tenía entre las 37 y 40 semanas de gestación”.
Sin embargo, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto rechazó la decisión judicial y anunció que apelará el fallo dictado por un juzgado de San Miguel, 135 kilómetros al este de la capital.
Morena Herrera, asegura que El Estado salvadoreño una vez más continúa ensañándose con mujeres que no han tenido derecho ni condiciones para defenderse.
El colectivo feminista sostiene que ese momento Lesly Lisbeth Ramírez tenía 19 años, un nivel de educación escolar bajo y sin educación sexual integral “desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo y el 17 de junio de 2020, a las 9:30 de la noche, tuvo una emergencia obstétrica en su casa, sintió deseo de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto”.
La joven fue al baño y tuvo un parto precipitado. Los familiares llamaron a emergencias de la policía para que la trasladaran a un hospital, donde fue detenida y acusada inicialmente de aborto.
La condena ocurre en una sociedad mayoritariamente católica o evangélica.
Lesly Lisbeth Ramírez es la tercera de siete hermanos de una familia que vive en situación de pobreza extrema que no tienen acceso al agua potable ni electricidad y subsiste con el trabajo agrícola. Solo cursó hasta el séptimo grado y asumió las tareas del hogar y el cuidado de sus cuatro hermanos menores de edad.
El colectivo feminista asegura que el proceso jurídico contra la joven estuvo lleno de irregularidades y prejuicios y que el juez no admitió la incorporación de pruebas que demostraban su inocencia.
En noviembre de 2020, la Corte Interamericana declaró responsable al Estado salvadoreño de violar los derechos de una mujer identificada como “Manuela”, que fue detenida en 2008 y luego de ser condenada a 30 años murió en la cárcel debido a un cáncer, dejando huérfanos a sus dos hijos.
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