Mujeres víctimas de violencia doméstica demandan más recursos en el presupuesto 2021

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Source: Getty Images/SimonSkafar

Después de un comienzo de año difícil para la relación de Camberra con las mujeres, muchos estarán observando de cerca cómo responde el gobierno cuando se revele el presupuesto federal de este año. Los servicios de ayuda por violencia doméstica, cuidado de niños y jubilación son solo algunos de los problemas que las mujeres esperan que se aborden adecuadamente.


El presupuesto del año pasado fue ampliamente criticado como un “presupuesto para los hombres”, ya que dio mucho dinero en efectivo a los negocios y la construcción, donde los hombres ocupan la mayoría de los roles, pero no aportaba lo suficiente a las iniciativas para mujeres.

Pero este año, los problemas de la mujer han sido el centro de atención.

Las denuncias de acoso y agresión contra mujeres en el Parlamento han inundado a Canberra, y el primer ministro Scott Morrison fue llamado en repetidas ocasiones para abordar el llamado "problema de las mujeres" del gobierno.

Con estos problemas ahora en la conciencia pública, los profesionales en asuntos de violencia doméstica dicen que la demanda de sus servicios se ha disparado.
La directora ejecutiva de la organización Engender Equality de servicios especializados en violencia familiar en Tasmania, Alina Thomas, dice que es hora de que el gobierno aborde este problema de manera adecuada y restaure la financiación erosionada para los servicios para mujeres.

“Hemos tenido los impactos de COVID-19, los escándalos en el Parlamento, y ahora tenemos a Grace Tame como australiana del año; cada uno de estos eventos acentúa la importancia de mejorar nuestra respuesta a la violencia familiar”, apunta Thomas. 

“Para poder abordar ese aumento de la demanda, debe ir acompañado de un aumento de los recursos”. 

Thomas además dice que los servicios con los que trabaja están perdiendo fondos, y explica que muchos, como resultado, ahora no pueden aceptar nuevos clientes. 

“A menudo digo que no hay una cantidad de tiempo aceptable que una víctima de violencia deba tener para esperar para tener ayuda de los servicios”. 

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