El puente internacional Rumichaca que marca el cruce fronterizo entre Ecuador y Colombia ha sido escenario de manifestaciones esta semana.
Cientos de venezolanos bloquearon el paso, en protesta a la nueva exigencia de las autoridades ecuatorianas de una visa para ingresar a su territorio.
El lunes, reinaron el caos y la frustración. Cientos de personas se quedaron varadas, muchas con niños.
Los medios se han trasladado a la zona para recoger el drama de los migrantes venezolanos, que dicen sólo querer pasar para reunirse con sus familiares.
El requisito de visa comenzó a regir a la medianoche del 26 de agosto, hora local.
Anteriormente, los venezolanos podían ingresar a Ecuador solo con presentar su cédula de identidad, pero con las nuevas medidas impuestas por Quito, los venezolanos tendrían ahora que tramitar una visa.
La visa exige la presentación de un pasaporte que no tenga más de cinco años de caducado y un certificado de no antecedentes penales apostillado, legalizado o validado por Venezuela.
Con éstas medidas, Ecuador busca mermar la entrada de la migración descontrolada de venezolanos a su país.
Sin embargo, autoridades colombianas han expresado preocupación, ya que temen que las restricciones pondrán mayor presión sobre Colombia, y probablemente no frene la migración de venezolanos.
“El paso de los migrantes por lugares no autorizados, o por las llamadas trochas, estimula la delincuencia y la trata de personas, poniendo en riesgo su integridad", dijo El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo.
Karina Sarmiento, directora adjunta de campañas de Amnistía Internacional para el cono sur y la región andina, considera que la situación migratoria de los venezolanos en la región es tan urgente, que los países de la región deben adoptar una postura coordinada conforme a las circunstancias.
Una de las mayores críticas a la visa impuesta por Ecuador es la exigencia de documentos que son difíciles de obtener para la mayoría de los venezolanos.
En Venezuela, no sólo existen obstáculos burocráticos para la obtención de pasaportes y certificados de no antecedentes penales, sino que los costos para conseguirlos son también prohibitivos.
En muchos casos, los documentos sólo se pueden obtener en Caracas, lo que implica gastos de traslados para aquellos que no residen en la capital.
Tampoco es inusual el tener que pagar comisiones a terceros para que aceleren los trámites, que de otra forma podrían tardar muchos meses.
Karina Sarmiento explica que la imposición de visas con estos requisitos no toma en cuenta la realidad de los venezolanos, al tiempo que añade que la imposición de visas también impacta negativamente la percepción de la población local respecto a los migrantes venezolanos, lo que podría alimentar brotes de discriminación y la xenofobia, en países que hasta recientemente se han mostrado hospitalarios.
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