La situación de muchos jubilados de bajos ingresos en Australia podría empeorar si se acogen a las iniciativas propuestas en el nuevo plan gubernamental para que vendan sus viviendas y se muden a casas o pisos o departamentos más pequeños.
La propuesta del Gobierno que entrará en vigor el 1 de julio de 2018 consiste en que las personas de la tercera edad que reduzcan el tamaño de su vivienda podrían inyectar unos 300.000 dólares cada uno en los fondos de jubilación o superannuation del monto que saquen de la venta inmobiliaria. Así no pagarían impuestos una vez que se llegue a la jubilación.
Este aporte sería exceptuado de los actuales límites al dinero que se deposita en los fondos de jubilaciones, entre ellas el tope de 1,6 millones de dólares que se inrodujo en el presupuesto del año pasado.
Se calcula que solo 60.000 jubilados exceden ese monto.
A esta medida se podrán acoger las personas mayores de 65 años que quieran vender su vivienda, siempre y cuando hayan sido los propietarios por al menos una década.
Además algunos jubilados puedan recuperar su tarjeta de concesión que perdieron cuando se hicieron más estrictas las evaluaciones sobre los ingresos y bienes a principios de año.
Un experto en contabilidad, Jonathan Philpot, de la firma consultora HLB Mann Judd, dijo recientemente a la cadena ABC que los cambios indudablemente beneficiarán a algunas de las personas jubiladas que quieren reducir el tamaño de sus casas, especialmente a aquellos que no pueden contribuir a sus fondos de retiro debido a varias restricciones que se imponen en la actualidad.
Según su versión, entre los beneficiados estarían aquellos que no se ajustan a las evaluaciones sobre la situación laboral, que es la mayoría, o que tienen un saldo de más de 1,6 millones de dólares en sus fondos de jubilaciones.
Es decir, los más beneficiados serían los jubilados con mayores ingresos, pero los que tienen menores ingresos, sin contar el valor de su propiedad, pueden perden perjudicarse porque las pérdidas de los pagos de las pensiones serían mayores que las ganancias provenientes del dinero que aparten en sus fondos de jubilaciones.
Esta misma percepción la comparte el profesor Francisco Espárraga, experto en derecho administrativo de la Universidad de Notre Dame, quien cree que la venta de una casa no necesariamente responde a motivaciones financieras y pone en duda la amplitud de los beneficios derivados de los incentivos gubernamentales
