Los gobiernos de todo el mundo han hecho uso de sus poderes especiales para luchar contra la situación de emergencia creada por la pandemia de la COVID-19. Si bien el uso de estos poderes es legítimo y constitucional, en algunos casos se han producido excesos dado que se han ampliado indefinidamente o se han aprovechado para reprimir a opositores y acallar a la prensa, según alerta la organización IDEA, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
Este organismo con sede en Estocolmo analizó el impacto de la COVID-19 en las democracias y los derechos humanos, respondiendo a la preocupación por los potenciales escenarios que se puedan crear en una nueva normalidad mundial en la que se vislumbra una mayor presencia del Estado para resguardar la seguridad de los ciudadanos.
“La invocación de los poderes de emergencia se convierte en la nueva normalidad, y eso no se da únicamente porque hay líderes autoritarios, sino ciudadanos que lo toleran y aceptan el papel más invasivo del Estado en la esfera de la privacidad y el ejercicio de nuestros derechos individuales”, alertó Kevin Casas-Zamora, secretario general de la organización IDEA.
Puntos destacados:
- La pandemia de la COVID-19 pone de relieve el papel y el poder del Estado en el mantenimiento de la seguridad, pero también nos lleva a reflexionar en los límites de la invocación de los poderes de emergencia y su impacto en los derechos individuales y en la privacidad.
- Los Estados autoritarios o totalitarios han usado los poderes de emergencia para reprimir a sus opositores y acallar a la prensa crítica a sus gestiones.
- De acuerdo al análisis de IDEA, Australia, Canadá y Uruguay se encuentran entre los países de democracia de alto rendimiento, Bolivia y Nicaragua están en el espectro de democracias híbridas, mientras Venezuela y Cuba entre los regímenes autoritarios.
Casas-Zamora alertó que “en la mayoría de los casos, en la mayoría de las democracias se han hecho usos razonables de los poderes especiales de emergencia, pero todavía no sabemos el efecto de eso en la calidad de la democracia”.
El Monitor Global del impacto de COVID-19 en la democracia y los derechos humanos, puesto en marcha por la Unión Europea e IDEA Internacional, reúne información actualizada sobre 162 países respecto a las medidas adoptadas a nivel mundial y analiza cómo afectan a la democracia y los derechos humanos, desde las libertades de los medios de comunicación hasta los controles y equilibrios constitucionales.
El estudio identifica los casos referidos al retroceso de los derechos básicos, ya sea porque se estén pisoteando las elecciones periódicas, la acción cívica o los medios de comunicación independientes.
Casas-Zamora apuntó que existen “patrones de especial preocupación” como la restricción a la libertad de prensa, la falta de claridad sobre la fecha de caducidad de los poderes de emergencia o los en los comicios electorales bajo el pretexto de la seguridad de los ciudadanos en la pandemia.
“Esta situación se ha observado en unos 50 países del mundo que están “implementado restricciones a la prensa, en especial en los países con regímenes autoritarios, pero también en aquellos en los que hay democracia”.
“Uno pensaría, dada la naturaleza de esta emergencia, que debería circular tanta información como sea posible para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tomar decisiones sobre su comportamiento”, comentó el ejecutivo, al recalcar casos como el de Filipinas, en donde se silencia a los medios que el gobierno de Rodrigo Duterte considera que desinforman.
Casas-Zamora recalcó que él no encuentra “razones justificables para hacer uso de los poderes de emergencia para restringir la libertad de prensa. Lo que puede deducir uno es que la intención es autoritaria”, precisó.
Según el Monitor Global de la Salud de la Democracia durante la pandemia, desarrolado por IDEA Internacional, entre los países que cuentan con "democracias de alto rendimiento" se sitúan Canadá, Australia y Uruguay, junto a la mayoría de los países europeos occidentales, excepto Portugal, España e Italia.
En América Latina, Cuba y Venezuela se encuentran entre los "regímenes totalitarios", mientras Nicaragua y Bolivia están entre las democracias "híbridas".
Respecto a la polémica que pueda causar este estudio, Casas-Zamora indicó que “uno puede pelearse contra un indicador específico, para un año específico y para un país específico, pero es muy difícil pelearse contra una tendencia”.
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