La Comisión Real que investigó cuáles podrían ser las soluciones para reducir el preocupante alto número de muertes de indígenas australianos tras ser detenidos, tardó cuatro años en analizar profundamente la naturaleza de esta crisis, para luego publicar su informe, que arrojó 339 recomendaciones.
Pero 30 años más tarde, activistas y veladores de los derechos humanos consideran que la falta de implementación de dichas recomendaciones ha ocasionado que Australia no esté más cerca de una solución.
“Después de 30 años, no lo hemos solucionado, hemos empeorado la situación. Ahora es mucho, mucho, peor”, apunta el profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur e investigador de la Comisión Real, Christopher Cunneen.
El informe encontró que las personas indígenas y no indígenas bajo custodia morían aproximadamente en un mismo porcentaje, pero que las personas indígenas eran encarceladas a una tasa mucho más alta.
Actualmente, los pueblos originarios representan un tres por ciento de la población de Australia, pero casi el 30 por ciento de la población penitenciaria nacional.
En términos generales, las recomendaciones del informe incluían lineamientos básicos, como que las autoridades debían prestar asistencia médica adecuada a los detenidos cuando fuera necesario, y que hubiese una mayor colaboración y comunicación con las comunidades aborígenes.
Sin embargo, la recomendación principal fue que el encarcelamiento debía ser utilizado como medida de último recurso punitivo.
El senador laborista y político indígena, Patrick Dodson, fue uno de los comisionados de la investigación.
Dodson dice que observó que en varios casos personas murieron porque recibieron una atención médica deficiente, en parte por prejuicios inconscientes de quienes debían velar por ellas.
Dodson considera que esto continúa siendo un problema influyente en las muertes bajo custodia hasta el sol de hoy.
“En muchos casos, la negligencia del deber influyó más que la brutalidad o la práctica maliciosa”.
Desde que se publicó el informe, más de 470 indígenas han muerto bajo custodia. Cinco de ellos en el último mes y medio.
La reciente oleada de muertes ha llevado al senador Dodson a advertir que podría ser necesaria otra comisión real que investigue el tema, a menos que se realicen esfuerzos importantes para frenar esta tendencia nacional.
Pero otros consideran que lo más importante no es una nueva investigación, sino que se implementen las recomendaciones del informe de hace 30 años.
Labor Senator Pat Dodson has expressed frustration at the federal government's response to Indigenous deaths in custody. Source: AAP
Una revisión independiente realizada por Deloitte para el gobierno federal en 2018 encontró que el 64 por ciento de las 339 recomendaciones de la Comisión Real se habían implementado por completo, el 30 por ciento se implementó solo parcialmente y el 6 por ciento nunca se implementó.
La revisión también encontró que, si bien la tasa de encarcelamiento de indígenas casi se había duplicado desde 1991, el seguimiento de las muertes bajo custodia había disminuido.
El profesor Cunneen considera que las altas tasas de encarcelamiento de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres es lo más preocupante, porque está proporcionalmente ligado al número de muertes en detención.
“Ha habido un enfoque más punitivo de la ley y el orden, una tendencia de encarcelar a más personas, y esto ha tenido un impacto más fuerte en los pueblos de las Primeras Naciones. No se necesita ser un genio para ver que el resultado es que las personas más marginadas en Australia son las que soportan la peor parte de esas políticas”.
Entre los programas policiales más contenciosos empleados en la actualidad, se encuentra el conocido como (STMP, siglas en inglés), apodado como “STOMP”, bajo el cual la policía de NSW ha compilado una lista secreta de jóvenes que considera de “alto riesgo” y los vigila o requisa de manera aleatoria, tanto a ellos como a sus familias y amigos, sin preaviso, como medida preventiva, “proactiva”, según explican.
La policía se ha negado a publicar en repetidas ocasiones cuál es el criterio que utiliza para incluir a personas en esta lista negra.
Según los datos obtenidos por la oficina del legislador David Shoebridge de los verdes en 2018, bajo leyes de libertad de información, más de la mitad de los 400 menores de edad que aparecen en las listas secretas de este programa, son indígenas. El menor de ellos tenía nueve años.
Históricamente en Australia, a pesar de que oficiales policiales y guardias de seguridad penitenciarios han sido acusados formalmente por las muertes bajo custodia, en 30 años ninguno ha sido condenado.
A protester holds an Aboriginal flag at the Black Deaths in Custody Rally at Town Hall in Sydney, Saturday, April 10, 2021. Source: AAP
El profesor Cunneen dice que hay evasión de responsabilidad cuando se trata de enjuiciarlos, algo que fue criticado en el informe original.
Los sistemas de rendición de cuentas no funcionan y le es fácil al gobierno el esconderse detrás de una cortina de humo para eludir el problema básico, que es que tenemos demasiadas personas de los Pueblos Originarios en prisión y no hay una rendición de cuentas por los indígenas que han muerto bajo custodia.
Por su parte, el senador Dodson dice que se deben encontrar alternativas a las penas de prisión por delitos menores para mantener a un número cada vez mayor de indígenas fuera del sistema penitenciario.
“El gobierno federal debería tomar la iniciativa y convocar a las agencias aborígenes y a los ministros estatales y hacer una auditoría de cómo se ha llevado a cabo la implementación de estas recomendaciones y evaluar cuál es el efecto cualitativo y cuáles son las nuevas prácticas que podemos implementar para reducir el número de detenidos.”
En una declaración a SBS World News, el ministro federal para los indígenas Ken Wyatt dijo que el gobierno está trabajando en los problemas subyacentes detrás de la tasa de encarcelamiento.
“Según el sistema federal de gobierno de Australia, los estados y territorios son responsables de sus respectivos sistemas de justicia penal, incluida la vigilancia. El enfoque del gobierno australiano es abordar los factores subyacentes que conducen al encarcelamiento”,decía el ministro Ken Wyatt en una declaración.
El activista por los indígenas, Raul Bassi, explicó a SBS Spanish que la contradicción principal que impide la implementación de las recomendaciones del informe radica en problemas de jurisdicción.
Si bien la Comisión Real es llevada a cabo por el gobierno federal, las recomendaciones deben ser aceptadas e implementadas por los gobiernos estatales y territoriales, y cada estado o territorio aceptó e implementó algunas de las recomendaciones, pero otras no.
Para escuchar el informe y la entrevista, presiona sobre la imagen principal.
