Puntos Destacados:
- Como respuesta a una petición del Tribunal Superior de Londres, Estados Unidos presentó el 16 de abril las garantías de que Julian Assange tendría un juicio justo en Estados Unidos.
- La abogada y esposa de Assange, Stella Assange, no dio credibilidad a las garantías de trato justo presentadas por EE. UU y calificó el escrito como un conjunto de “palabras vagas y engañosas”.
- El día 20 de mayo los magistrados británicos decidirán si extraditan al australiano o si le dan nuevas opciones para apelar.
- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a periodistas que estaba analizando la solicitud del gobierno australiano para dejar sin efecto los cargos contra Assange.
Sinopsis:
Ante la petición del Tribunal Superior de Londres, Estados Unidos presentó el 16 de abril las garantías por escrito de que, en un juicio en Estados Unidos, Julian Assange podría confiar en el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda.
El escrito del gobierno estadounidense aseguraba que no “habría prejuicios contra él en el juicio” debido a su ciudadanía australiana y que no había perspectivas de nuevos cargos que pudieran resultar en la imposición de la pena de muerte.
Sin embargo, la abogada y esposa del fundador de WikiLeaks, Stella Assange, no le dio credibilidad y calificó el escrito como un conjunto de “palabras vagas y engañosas”.
Dijo en un comunicado que “Estados Unidos no ha entregado garantía alguna en relación con la Primera Enmienda [la opción de que Assange se acoja a la libertad de expresión protegida por la Constitución de Estados Unidos], y solo una garantía mínima en relación con la pena de muerte. No se compromete a retirar las afirmaciones previas llevadas a cabo por la Fiscalía de que Julian no puede gozar de los derechos contemplados en la Primera Enmienda porque no es un ciudadano estadounidense”, declaró Stella Assange.
Assange actualmente está luchando contra su extradición desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres, donde se encuentra detenido desde hace cinco años.
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El Tribunal Superior de Londres rechazó previamente la apelación de Assange contra su extradición, que se basaba en que su caso tenía motivaciones políticas y que no recibiría un juicio justo.
Las autoridades estadounidenses afirman que no están acusando a Assange por publicar los documentos filtrados, sino por conspirar con Chelsea Manning, ex analista de inteligencia del ejército estadounidense, para obtenerlos de manera ilegal.
Estados Unidos acusa a Assange de 18 cargos por la publicación de WikiLeaks en 2010 de documentos clasificados que revelaban supuestos crímenes de lesa humanidad por parte del ejército de ese país.
El día 20 de mayo los magistrados británicos decidirán si extraditan al australiano o si le dan nuevas opciones para apelar.
En otra situación legal en un tribunal de Nueva York, se está investigando la posible vigilancia ilegal sufrida por Julian Assange por parte de una empresa española durante su tiempo en la embajada de Ecuador en Londres.
El juez del tribunal de Nueva York concluyó el mes pasado que la empresa española UC Global S.L. y la CIA violaron los derechos y la privacidad de los ciudadanos estadounidenses que visitaron a Assange mientras él estaba en la embajada ecuatoriana.
Recientemente, el director de la CIA, William J. Burns, se ha apoyado en la Ley de Seguridad Nacional para negarse a compartir información con el juez que está revisando este caso, argumentando que divulgarla podría poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comentó a los medios en la Casa Blanca a primeros de abril que estaba analizando la solicitud del gobierno australiano para dejar sin efecto los cargos contra Assange.
