La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó el jueves que hay una proporción “sorprendentemente elevada” de presuntas ejecuciones extrajudicales por las fuerzas de seguridad en Venezuela.
Tras visitar el país petrolero entre el 19 y 21 de junio Bachelet resaltó en un que "los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones".
La expresidenta de Chile pide la disolución de las llamadas Fuerzas Especiales (FAES) a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales durante operaciones policiales en 2018.
Según estádisticas del gobierno venezolano entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año otras 1.569 personas fueron asesinadas, pero Bachelet resaltó que las cifras podrían ser “muy superiores”
La alta responsable de la ONU recomendó también la creación de "un mecanismo nacional imparcial e independiente" para analizar esas ejecuciones y pidió al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, acceso al agua y alimentos.
El gobierno de Nicolás Maduro ha publicado sus comentarios al informe de la ONU y ha dicho que está distorsionado y lleno de errores.
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Carolina Jiménez, directora de Investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional, quien estuvo en una de las reuniones en Venezuela en junio con Bachelet, explicó a SBS Spanish en ese entonces que era “positivo que finalmente después de tantos años de negarle la entrada a diferentes mecanismos de monitoreo e investigación de derechos humanos haya justamente una alta funcionaria de la ONU que trabaja este tema, haya tenido ingreso a Venezuela”.
“Esperamos que el ingreso no sea exclusivo de la doctora Bachelet sino que se pudiese abrir el ingreso a otros mecanismos como lo hemos pedido hace muchísimos años y como se le ha negado de forma sistemática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, precisó Jiménez, al indicar que hasta junio no había entrado ningún relator de derechos humanos u otro alto representante, a pesar de haber solicitado el ingreso.
Sin embargo, la representante de Amnistía recalcó que aún había mucho más por hacer y esperó “que sea el comienzo del escrutinio” de la situación de derechos humanos y que se pase a “una investigación” a través de la creación de una comisión especial de la ONU para estos fines.
Amnistía Internacional publicó un informe en mayo titulado “”, donde la organización alega haber demostrado y documentado supuestas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que habría utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática.
“El gobierno de Maduro ha negado básicamente todas las aristas de la situación de la crisis de derechos humanos, pasó muchos años negando la crisis humanitaria hasta que la realidad rebasó la situación y ahora Venezuela está comenzando a recibir los primeros cargamentos de ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja Internacional”, indicó Jiménez.
Asimismo la representante de Amnistía remarcó que Maduro además “ha negado de manera sistemática que se haya detenido arbitrariamente, que en este país se han cometido ejecuciones extrajudiciales, pero creo que lo importante es que las organizaciones de derechos humanos hemos podido encontrar evidencias que refutan esta negación y que demuestran que, en efecto, estos graves crímenes de derechos humanos no solo han sido cometidos, sino que se han cometido de forma coordinada”.
La representante de Amnistía enfatizó que “la obligación y responsabilidad de proteger la situación de los derechos humanos es el Estado” y que es grave cuando un estado coordina una política de represión, al precisar que es responsabilidad del actual gobierno de Maduro investigar las violaciones a los derechos humanos que se atribuyen tanto a civiles como miembros de las fuerzas del orden y agrupaciones o personas afines.
Venezuela vive una crisis política con la disputa entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países.
La situación se ha agravado por una devacle económica en medio del embargo petrolero y sanciones impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder al chavismo.
Críticas al informe
Según la cadena Telesur, el abogado estadounidense Alfred de Zayas fustigó el sábado documento que calificó como "defectuoso y decepcionante", y recomendó a Bachelet reemplazar a su equipo de trabajo con nuevo personal que labore profesionalmente y con imparcialidad.
"El informe debería haber condenado claramente la violencia de los líderes de la oposición de extrema derecha y los llamamientos a la intervención extranjera en Venezuela (...) está lamentablemente desequilibrado y no saca conclusiones que puedan ayudar al pueblo venezolano que sufre", afirmó el exfuncionario de Naciones Unidas.
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