La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó Venezuela la semana pasada para observar la situación de los DDHH en ese país.
En una conferencia de prensa ofrecida antes de retirarse del país caribeño, la expresidenta chilena se comprometió a monitorear y visibilizar la crisis humanitaria y de derechos en Venezuela.
Bachelet designó un equipo para vigilar la situación en el terreno, después de que sus contactos diplomáticos en Caracas le informaran que "la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria".
También aseguró que trabajará en pos de la instalación de una oficina permanente en Venezuela para servir las recomendaciones del informe que su oficina entregará a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 5 de julio en Ginebra.
Durante su alocución, Bachelet manifestó que había escuchado testimonios muy duros de víctimas y sus familiares, que le hablaron de casos de detenciones arbitrarias, de tortura, de muertes a manos de fuerzas del Estado, y de muertes en protestas.
Protests continue against the government of Nicolas Maduro. Source: AAP
Bachelet aseguró que había escuchado y documentado las historias de una gran parte del espectro político y ciudadano.
La alta comisionada se reunió con representantes del gobierno y la oposición, además de otros actores políticos, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos.
Asimismo, registró múltiples denuncias por parte de víctimas y familias que aseguraron que sus derechos habían sido violados por simpatizar o por el gobierno de Maduro o por la oposición.
En su estadía de tres días, Bachelet se reunió con familiares de esos presos, muchos acusados de intentar derrocar el gobierno, así como con parientes de oficialistas y opositores muertos durante protestas en 2017.
Bachelet se mostró conmovida y aseguró que la situación de los derechos humanos en el país se había agravado. Asimismo, se comprometió a trabajar para que las víctimas y sus familiares obtengan justicia.
En ese sentido, realizó un llamamiento a todos los líderes políticos a incrementar sus esfuerzos para resolver la crisis.
“A todos los líderes políticos para que intenten encontrar una manera de confrontar los desafíos y el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Para ello, todas las voces deberían ser incluidas. Las crisis sólo pueden ser resueltas a través de una participación significativa, franca e inclusiva de todos los diversos actores de la sociedad. He apelado a todos los líderes políticos a que participen constructivamente al diálogo facilitado por Noruega, y por cualquier otro intento o esfuerzo para enfrentar la actual situación política en Venezuela”, remarcó Bachelet.
"Hago un llamado a las autoridades de liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles de forma pacífica", dijo Bachelet al leer una declaración que puso fin a su visita de tres días.
La Alta Comisionada presentará un informe sobre Venezuela el 5 de julio.
La posición de Amnistía Internacional
Carolina Jiménez, directora de Investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional, quien estuvo en una de las reuniones con Bachelet, explicó a SBS Spanish que es “positivo que finalmente después de tantos años de negarle la entrada a diferentes mecanismos de monitoreo e investigación de derechos humanos haya justamente una alta funcionaria de la ONU que trabaja este tema, haya tenido ingreso a Venezuela”.
“Esperamos que el ingreso no sea exclusivo de la doctora Bachelet sino que se pudiese abrir el ingreso a otros mecanismos como lo hemos pedido hace muchísimos años y como se le ha negado de forma sistemática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, precisó Jiménez, al indicar que hasta ahora no ha entrado ningún relator de derechos humanos u otro alto representante, a pesar de haber solicitado el ingreso.
Sin embargo, la representante de Amnistía recalcó que aún falta mucho más por hacer y esperó “que sea el comienzo del escrutinio” de la situación de derechos humanos y que se pase a “una investigación” a través de la creación de una comisión especial de la ONU para estos fines.
Amnistía Internacional publicó un informe en mayo titulado , donde la organización alega haber demostrado y documentado supuestas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que habría utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática.
“El gobierno de Maduro ha negado básicamente todas las aristas de la situación de la crisis de derechos humanos, pasó muchos años negando la crisis humanitaria hasta que la realidad rebasó la situación y ahora Venezuela está comenzando a recibir los primeros cargamentos de ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja Internacional”, indicó Jiménez.
Asimismo la representante de Amnistía remarcó que Maduro además “ha negado de manera sistemática que se haya detenido arbitrariamente, que en este país se han cometido ejecuciones extrajudiciales, pero creo que lo importante es que las organizaciones de derechos humanos hemos podido encontrar evidencias que refutan esta negación y que demuestran que, en efecto, estos graves crímenes de derechos humanos no solo han sido cometidos, sino que se han cometido de forma coordinada”.
La representante de Amnistía remarcó que “la obligación y responsabilidad de proteger la situación de los derechos humanos es el Estado” y que es grave cuando un estado coordina una política de represión, al precisar que es responsabilidad del actual gobierno de Maduro investigar las violaciones a los derechos humanos que se atribuyen tanto a civiles como miembros de las fuerzas del orden y agrupaciones o personas afines.
Maduro destacó la visita de Bachelet
Por su parte, el mandatario Nicolás Maduro, calificó la visita de Bachelet como positiva.
“Hoy con esta visita de la doctora Michelle Bachelet hemos dado un primer paso de acercamiento entre el Estado venezolano, la sociedad venezolana, para una relación fluida de cooperación por los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Y si en ese sentido se avanza, creo que esta visita ha sido todo un éxito para Venezuela y para el sistema de derechos humanos”, dijo Maduro.
Maduro se comprometió a "tomar con toda la seriedad" las "sugerencias, recomendaciones y propuestas" de la comisaria.
Durante la visita de Bachelet, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza dialogó sobre el impacto negativo del bloqueo financiero y comercial impuesto Estados Unidos, además de la situación de derechos humanos.
United Nations High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet meeting Venezuelan President Nicolas Maduro in Caracas on Friday. Source: AAP
“Tuvimos que analizar el impacto del bloqueo ilegal del Gobierno de EE.UU. contra la República Bolivariana de Venezuela. Un bloqueo financiero, comercial y petrolero, que le hace daño a nuestra industria fundamental”, dijo Arreaza en Caracas.
Críticas a Bachelet
La ONG Foro Penal, que defiende a opositores presos, criticó a Bachelet al considerar que no se lograron los resultados de su visita a Venezuela.
"La efectividad de la visita y los resultados no se han obtenido (...) Al día de hoy no se ha obtenido la libertad de los presos políticos", declaró Alfredo Romero, director del Foro Penal.
Según la ONG, en el país hay unos 687 "presos políticos", pero el mandatario Nicolás Maduro, acusado por la oposición de sistemáticas violaciones de derechos humanos, rechaza considerarlos como tal.
De acuerdo con la ONU, unos siete millones de venezolanos, un cuarto de la población, requiere atención humanitaria urgente, mientras emigraron desde 2015 debido a la peor crisis económica del país con las mayores reservas petroleras del mundo.
Manifestaciones callejeras
Durante la visita de la Alta Comisionada para los DDHH, se registraron algunas manifestaciones con la finalidad de visibilizar la dura situación que se vive en Venezuela.
Los manifestantes expresaron su condena por las muertes de venezolanos en las protestas contra el gobierno de Maduro, por las muertes provocadas por la falta de medicamentos y alimentos, y por las presuntas muertes a manos de fuerzas de seguridad del Estado tanto en detención como extrajudiciales.
