Miles de habitantes de las torres de viviendas públicas en Melbourne, obligados a un encierro repentino durante la pandemia de COVID-19 en 2020, serán elegibles para una compensación compartida de $5 millones.
Así resolvió el gobierno de Victoria una demanda colectiva en el contexto de las medidas destinadas a detener un brote del virus en nueve torres de viviendas públicas, durante en el punto más álgido de la segunda ola de COVID-19 en dicho estado.
Los demandantes afirman que las personas fueron detenidas injustamente hasta por 14 días y amenazadas con daño físico si intentaban abandonar las torres. Sin embargo, el estado de Victoria negó esas afirmaciones.
El aviso sobre el acuerdo se publicó en el sitio web del departamento de Salud la semana pasada.
Barry Berih, residente de la torre de Alfred Street y líder comunitario, dijo que los residentes discutirían la oferta, pero que querían una disculpa en lugar de un acuerdo financiero.
"Me siento muy disgustado con esta oferta, pero tenemos que trabajar juntos como comunidad para seguir adelante", dijo Berih a la radio ABC.
El acuerdo aún debe ser aprobado en la Suprema Corte, pero según el acuerdo, los adultos afectados que opten por el plan recibirían partes iguales y los niños recibirían la mitad de eso.
Además, los honorarios legales que ocasionó la demanda no saldrían del fondo de $5 millones para los residentes, sino que los pagaría el estado.
Un portavoz del gobierno de Victoria dijo que trabajó con expertos en salud pública en una respuesta al COVID que protegió vidas y medios de subsistencia.
"Como parte de la respuesta general de salud pública a una pandemia que ocurre una vez cada 100 años, se necesitaban medidas para proteger a todos los habitantes de Victoria y salvar vidas, especialmente a los más vulnerables de nuestra comunidad, especialmente dada la lenta implementación de las vacunas por el gobierno de Morrison", dijo.
