Los australianos con enfermedades terminales que optan por acabar con sus vidas mediante la muerte voluntaria asistida siguen representando una pequeña parte del total de muertes, pero la creciente demanda ha provocado llamamientos para agilizar el proceso y reforzar la fuerza laboral.
En un informe histórico de Go Gentle Australia sobre la muerte voluntaria asistida —ahora legal en todas las jurisdicciones excepto en el Territorio del Norte—, se descubrió que 2460 personas habían optado por acabar con su vida con este servicio.
En 2017, Victoria se convirtió en el primer estado en legalizar la muerte voluntaria asistida, destinada a las personas con una enfermedad terminal que sufren un dolor intenso y desean controlar las circunstancias de su muerte.
La directora ejecutiva de la organización benéfica, Linda Swan, dijo que la evidencia mostraba un "panorama tranquilizador de que los sistemas cumplían su objetivo" y que los profesionales de la salud brindaban un apoyo "amable y meticuloso".
"Ninguna de las terribles predicciones de los adversarios se ha cumplido y los sistemas funcionan de forma segura y con gran compasión", afirmó.
Según el informe, el solicitante típico tenía más de 70 años con un diagnóstico de cáncer terminal y tenía un poco más de probabilidades de ser hombre.
Por lo general, los solicitantes tenían un buen nivel educativo, hablaban inglés y cuatro de cada cinco recibían cuidados paliativos.
Los solicitantes tenían tres veces más probabilidades de morir en casa.
Barreras para los pacientes
Si bien la muerte voluntaria asistida solo representó entre el 0,5 y el 1,6 por ciento del total de muertes, la demanda estaba aumentando y seguían existiendo varias barreras de acceso.
Si bien se trataba de un proceso "dirigido por la persona", Swan dijo que no estaba claro si existía el equilibrio adecuado entre las salvaguardias y la accesibilidad.
Las "cláusulas mordaza" en Australia del Sur y Victoria, que impiden a los profesionales de la salud plantear la opción a los pacientes, hacían que muchos no conocieran esa opción.
"Ninguna otra atención médica exige que los pacientes conozcan sus opciones de tratamiento antes de consultar a un médico", dijo Swan.
Te puede interesar:
La tragedia de morir en Australia siendo estudiante internacional
Era necesario alentar a más profesionales de la salud a completar la capacitación sobre muerte voluntaria asistida, y el informe recomendaba que recibieran una compensación justa.
Diecisiete organismos de salud, entre ellos la Sociedad Farmacéutica de Australia y la Federación Australiana de Enfermería y Partería, pedían que se reformara el Código Penal del Commonwealth para que las personas pudieran utilizar el teléfono, el correo electrónico y la telesalud como parte del proceso.
Las normas vigentes obligan a los solicitantes a asistir a todas las citas en persona, lo que es particularmente oneroso para quienes viven en áreas regionales o remotas.
