El incumplimiento por parte del gobierno australiano de las medidas de reconciliación exigidas en la Declaración del Corazón de Uluru sigue provocando ira y decepción, según un nuevo informe.
El informe del Estado de Reconciliación de 2021 dice que Australia se encuentra en un punto de inflexión en el proceso de reconciliación y exige un cambio de acciones "seguras" a "valientes" para asegurar un mayor progreso en este sentido.
El informe está basado en entrevistas y datos obtenidos de las organizaciones de las Primeras Naciones, sus líderes y la comunidad.
La Directora General de Reconciliación de Australia, Karen Mundine, dijo que aún queda una brecha por salvar para seguir avanzando hacia la reconciliación en Australia.
"Las medidas deben incluir la búsqueda de la verdad y el tratamiento activo de las cuestiones de racismo sistémico y los casos en que se ignoran, niegan o reducen los derechos de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres", dijo Mundine.
En la Declaración desde el Corazón de Uluru se hizo un llamamiento para que se consagre constitucionalmente la voz del Parlamento y se reconozca constitucionalmente a los australianos indígenas.
El informe dice que sigue habiendo "ira y exasperación" en la comunidad por el fracaso del gobierno en cumplir con estos llamados.
El gobierno australiano ha decidido no consagrar dicha Voz al Parlamento y ha estancado su promesa de cumplir con el reconocimiento constitucional.
En el informe se señala que la falta de progreso es un indicador de que el Parlamento australiano no está al día con los sentimientos más amplios de la comunidad que apoya la reconciliación.
"La negativa del gobierno australiano a aceptar las disposiciones de 'Voz al Parlamento' de la Declaración de Uluru fue un paso atrás en el progreso", dice el informe.
"El principio de que los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres deben tener una voz decisiva en los asuntos que les afectan - una piedra angular de la dimensión de igualdad y equidad de la reconciliación - está lejos de ser implementado de forma generalizada".
El gobierno federal publicó recientemente un documento de debate sobre el diseño de una Voz Indígena para el Parlamento.
Según la propuesta, hasta 35 voces locales y regionales serían consultadas sobre la creación de leyes, incluyendo el título nativo y la discriminación racial, problemas que afectan gravemente a los australianos indígenas.
Pero el organismo no tendría poder para anular políticas o evitar que las leyes entren en vigor, según las propuestas provisionales.
La lucha contra el racismo sistémico
El informe de reconciliación también incluye llamamientos para erradicar el racismo arraigado, incluida la presencia excesiva de australianos indígenas en el sistema penitenciario.
En el informe se constata que la preocupación por el racismo sistémico en Australia sigue siendo prevalente: el 60% de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres creen que Australia sigue siendo un "país racista".
Alrededor del 43% de la comunidad en general estaba de acuerdo.
"Las instituciones australianas deben ser más activas a la hora de denunciar y condenar todo tipo de racismo, tanto a nivel individual como sistémico, incluido cualquier tipo de racismo en nuestros parlamentos", dice el informe.
"El auge del movimiento Black Lives Matter en Australia en 2020 puede sugerir una creciente unidad australiana", añadió el informe.
En el informe también se señala que casi el 60% de la comunidad en general cree que los departamentos gubernamentales deben hacer más para cerrar la brecha en materia de salud, justicia, educación y empleo.
También señala que el gobierno federal nunca ha apoyado una vocería indígena consagrada constitucionalmente.
El Ministro de Asuntos Indígenas, Ken Wyatt, advirtió en noviembre que un referéndum sobre el tema podría fracasar y descarrilar todo el movimiento. A pesar de que el gobierno prometió un referéndum sobre el reconocimiento constitucional en 2019.
Pero desde entonces Wyatt ha dicho que es improbable que esto tenga lugar en esta legislatura, diciendo que "el reconocimiento constitucional es demasiado importante [para] precipitarse y demasiado importante para fracasar".
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