En plena crisis de COVID-19 en la que las reglas de restricción social permite un escrutinio acucioso, el gobierno australiano presentó un proyecto de ley ante el Parlamento australiano para dar mayores poderes a la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia o ASIO, las siglas en inglés para esta agencia de espionaje doméstico.
Mediante esta ley, el gobierno australiano busca que la ASIO pueda interrogar a sospechosos de “interferencia extranjera” o terrorismo a niños menores de 14 años.
De acuerdo al proyecto legislativo presentado por el ministro del Interior, Peter Dutton, también se quiere que se le permita colocar dispositivos de rastreo en coches o en bolsas con sólo la aprobación interna, en lugar de una orden judicial.
Puntos destacados
- El gobierno australiano presentó el miércoles un nuevo proyecto de ley ante el Parlamento para que la ASIO pueda interrogar a menores de 14 años y colocar dispositivos de rastreos en coches o bolsas sin necesidad de tener una orden judicial.
- La propuesta legislativa ha generado preocupación por ser “altamente intrusivas” y por poner a Australia a un paso del totalitarismo.
- También preocupa que las leyes se hayan presentado en medio de las dificultades que presenta la crisis de COVID-19, que impide un debate profundo sobre este proyecto, así como el escrutinio de la prensa.
En virtud de las leyes vigentes, la ASIO tiene que buscar el consentimiento del Fiscal General y pedir una orden de un juez para interrogar a las personas mientras reúne información de inteligencia relacionada con el terrorismo.
En el marco actual legislativo las autoridades pueden emitir una "orden de interrogatorio y detención", lo que permite detener a una persona para dicho interrogatorio, o una "orden de interrogatorio" que permite citar a una persona para que sea interrogada en un momento determinado.
El nuevo proyecto de ley permitiría a ASIO seguir utilizando las órdenes de interrogatorio, pero le quitaría la posibilidad de utilizar las órdenes de interrogatorio y detención más severas.
Pero el proyecto de ley permitiría al fiscal general aprobar órdenes de interrogatorio directamente, incluso de forma oral en “casos de emergencia”, sin la participación de un juez.
Las enmiendas propuestas a la Ley de Seguridad e Inteligencia Australiana de 1979 se basan en la respuesta del gobierno a un informe de la Comisión Parlamentaria Conjunta de Inteligencia y Seguridad.
Dutton ha defendido la legislación, diciendo que se trataba de asegurar que los agentes de inteligencia tuvieran los poderes necesarios para enfrentar el terrorismo y mantener a los australianos a salvo.
Interrogatorios a menores de 14 años
Anteriormente, la edad mínima para el interrogatorio era de 16 años, pero los menores requerían la presencia de un abogado.
Sin embargo, sus padres o tutores pueden ser expulsados de una entrevista si interfieren con el proceso.
Dutton justifica la rebaja en la edad mínima para responder “a la mayor amenaza que representan los menores" y aclara que sólo se podría interrogar a los adolescentes que participaran en "actos de violencia por motivos políticos".
"La necesidad de la reducción de la edad queda ilustrada por el hecho de que en 2015 un joven de 15 años disparó por motivos políticos a un empleado de la policía de Nueva Gales del Sur", dice el memorando adjunto al proyecto de ley, en alusión al atentado en la comisaría de Parramatta.
La legislación también permite a la ASIO privar a los adultos de un abogado en circunstancias limitadas.
En virtud de la ley de Dutton, no sólo se imponen restricciones a los derechos de las personas y sus abogados, sino que se establecerá una "autoridad prescrita independiente", un juez o un miembro del Tribunal Administrativo de Apelación, que elegirá a un abogado adecuado ( léase "domesticado") para que asesore a la persona cuando esté bajo la custodia de la ASIO, apuntó el jurista Greg Barns en un artículo de opinión en el diario Sydney Morning Herald.
Por su lado, el líder en funciones de los Verdes, Nick McKim, dijo que Dutton no había dado ninguna justificación para la necesidad de interrogar a los niños de 14 años y acusó al gobierno de tratar de aprovecharse de los poderes reforzados que tiene mientras Australia estaba sumida en la crisis del coronavirus.
"Usar la pandemia como tapadera para el aumento del alcance del estado de vigilancia es peligroso y cínico", dijo el senador McKim.
La portavoz del Interior del Partido Laborista, Kristina Keneally, dijo que la oposición "siempre seguiría el consejo de nuestros organismos de seguridad nacional", al tiempo que señaló que los poderes en la legislación eran "asuntos en curso que se han considerado ampliamente desde que fueron creados por John Howard".
¿Australia más cerca al totalitarismo?
“Como abogado, uno oye y lee historias sobre colegas en estados autoritarios donde tales poderes son dados y usados por agencias de seguridad, pero uno nunca lo espera en una Australia democrática”, reflexiona el jurista Greg Barns en un artículo de opinión en el diario Sydney Morning Herald.
El portavoz de la Alianza de Abogados Australianos, Greg Barns, también consideró que las enmiendas “a las leyes de seguridad nacional no son de ninguna manera proporcionales a las amenazas que enfrenta Australia".
La presidenta del Consejo Jurídico de Australia, Pauline Wright, dijo que las enmiendas son "altamente intrusivas" y necesitan un escrutinio significativo.
"Nos preocupa que no haya suficientes salvaguardas y que [1una persona de 14 años de edad] sea demasiado joven para que alguien sea interrogado obligatoriamente por la ASIO", dijo Wright a SBS News.
Asimismo la experta legal consideró que “la mayoría de los australianos consideraría que el monitoreo de su ubicación es altamente intrusivo.
"Lo que se propone ahora es un modelo de autorización sin necesidad de una orden judicial o la necesidad de una autorización ministerial."
El Consejo Jurídico dijo que acogía con agrado las disposiciones que eliminarían los poderes que permiten a los organismos de seguridad detener a personas "en secreto" para interrogarlas.
"Estábamos muy preocupados por esas medidas", dijo Wright.
Hiperlegislación
En 2011, el profesor Kent Roach, de la Universidad de Toronto, describió esta respuesta a los ataques del 11 de septiembre en Australia como una respuesta de "hiperlegislación".
Otro experto, el profesor George Williams, de la Universidad de Toronto, calculó que entre los ataques terroristas del 11 de septiembre y la derrota del gobierno de Howard en noviembre de 2007, se promulgó una nueva ley antiterrorista cada 6,7 semanas en promedio.
La declaración de un califato por el Estado islámico a mediados de 2014 dio lugar a otra oleada de actividad legislativa en el Parlamento.
Esto comenzó con la Ley de enmienda de la legislación sobre seguridad nacional (Nº 1) 2014 (Cth), que eximió de a los funcionarios encubiertos de la ASIO de los procesos penales, amplió el acceso de esa organización a las redes informáticas y restringió la filtración de información confidencial.
En los cinco años transcurridos desde entonces, se han aprobado una veintena leyes antiterroristas más. Con ello, el número total de leyes antiterroristas sustantivas promulgadas por el Parlamento asciende a 82 desde los ataques del 11 de septiembre.
Se trata de un número asombroso de leyes, que supera con creces el volumen del Reino Unido, el Canadá e incluso los Estados Unidos en respuesta al 11 de septiembre.
