Cualquier inmigrante con una enfermedad, dolencia o discapacidad intelectual o física afronta la posibilidad de que se le rechace su solicitud de visa si es que las autoridades australianas consideran que su situación será muy costosa para las arcas públicas o pueda poner en riesgo al público en general.
Estas consideraciones se apoyan en un requisito de salud que forma parte de la política migratoria. El umbral de los gastos que pueden destinarse para los tratamientos de estas personas era de 40,000 dólares hasta el 1 de julio pasado. Actualmente es de 49,000, según un informe de SBS News.
Las modificaciones hechas por el Ministerio de Inmigración también incluye la actualización de la forma en que se calcula el coste en el que incurrirían las personas con discapacidad permanente o que buscan la residencia permanente.
Anteriormente, las autoridades australianas tendían a rechazar las solicitudes de las personas con afecciones permanentes si el costo hipotético de su atención excedían el umbral de costo a lo largo de su vida. Actualmente, este cálculo del coste hipotético abarca un período de diez años.
"Es un cambio muy significativo y tiene un impacto muy profundo en las personas con problemas de salud y discapacidad", dijo a SBS News la agente migratoria Jan Gothard, quien además es especialista en Salud y Discapacidad.
Gothard indicó que es más probable que los cambios favorezcan a las personas con discapacidades permanentes o con afecciones como la hepatitis B, el síndrome de Down y la parálisis cerebral que buscan obtener una visa de residencia permanente en Australia.
People who have a physical or intellectual disability might find it difficult to express their sexuality in satisfying ways. Source: Supplied, The Conversation
Gothard comentó que no había estado al tanto de los cambios -que se produjeron con el nuevo año fiscal- hasta que su colega se topó con ellos cuando revisaba la información vinculada a la política del gobierno.
"Ella notó que la cifra de los costos había pasado de $40,000 a $49,000 y en un principio pensó que estaba viendo un error tipográfico", relató la agente migratoria, al añadir que después comprobó que la información era correcta.
Cambios silenciosos
El Ministerio de Inmigración no hizo ningún anuncio de estos cambios, solamente actualizó la información en su portal de internet.
Un portavoz del Ministerio del Interior dijo a SBS News que su entidad había desarrollado recientemente una nueva metodología de cálculo para el umbral del “coste significativo”, es decir, el que está vinculado a los gastos vinculados a la atención de la salud de una persona. Este modificación, explicó, permitirá que la cifra se actualice cada dos años para que pueda estar al día con los cambios en el coste de la asistencia sanitaria.
"Los cambios beneficiarán tanto al Ministerio como a los solicitantes de visas dado que racionaliza la aplicación de la política y al mismo tiempo equilibra la necesidad de minimizar las amenazas a la salud pública y el gasto público", dijo el portavoz a SBS News.
Persiste la discriminación
Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad han estado luchando durante muchos años por una mayor flexibilidad de los requisitos de salud. Recientemente salieron a la luz pública algunos casos de personas con discapacidad que pasaban una encrucijada por la férrea política migratoria.
Un de ellos fue el caso de Mollie Manley, una bisabuela de Perth, de origen británico, que después de 11 años en Australia se enfrentaba a la deportación por no cumplir con los requisitos de salud. La anciana de 93 años murió en junio pasado.
Si bien los defensores y los agentes de la migración acogen con satisfacción los cambios, éstos se apresuran a señalar que suponen sólo un pequeño paso adelante.
La vicepresidenta de Australian Lawyers for Human Rights (ALHR), Natalie Wade, dijo a SBS News que “la esencia misma de lo que son nuestros problemas como abogados, como defensores, como inmigrantes, sigue siendo que el umbral de coste significativo es muy bajo si lo comparamos con lo que es el coste de la vida (de una persona) con una afección de salud crónica o una discapacidad".
The Wangchuck family was facing deportation to Bhutan due to their son Kinley's disability until the Immigration Minister intervened. Source: SBS
Wade, que encabeza el subcomité de discapacidad de la ALHR, destacó que "al menos ahora hay un tope" al referirse a la reducción de los cálculos sobre los costes a diez años.
"Antes era toda su vida, lo que era un obstáculo insuperable para que cualquier solicitante lo pueda superar”, agregó.
Wade espera que el cambio favorezca a familias que se enfrentan a la deportación porque su hijo tiene una afección permanente, como los Wangchuk. Ellos podían ser deportados a Bután este año debido a la discapacidad auditiva de su hijo.
Pero teme que el dinero calculado en un período de diez años se agote mucho más rápido en el caso de los niños.
Los cambios también significan que la pensión de discapacidad del gobierno -que se contabilizaba previamente en los cálculos de costos- no será considerada, ya que los inmigrantes no son elegibles para el pago hasta que hayan estado en el país durante más de diez años.
El portavoz del departamento dijo que todos los solicitantes de visados australianos son tratados "de manera equitativa y justa", al remarcar, que “ni la política actual ni la anterior discrimina a los solicitantes que tienen una discapacidad o enfermedad".
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