El gobierno de Albanese quiere incentivar el uso de los coches eléctricos, y para ello presentó en su presupuesto una rebaja de los impuestos en la compra de estos vehículos y un plan para crear una red nacional para que los usuarios los puedan recargar.
Estos planes podrían suponer el ahorro de hasta $4,700 dólares en la compra de un automóvil eléctrico para un individuo y hasta $9,000 para un empleador.
El proyecto de ley sigue estancado en el Senado y algunos en el sector automotriz advierten que más demoras hasta el próximo año retrasarían la adopción de automóviles de bajas emisiones o cero emisiones.
Mientras tanto, el gobierno de Albanese ha pronosticado que, durante los próximos dos años, veremos un aumento de hasta un 50% en los precios de la energía.
El tesorero Jim Chalmers admitió en ABC Radio Nacional que eso podría llevar a algunas empresas a la bancarrota.
"Estoy realmente preocupado por el impacto de los altos precios del gas y los altos precios de la energía en los australianos en general, pero en particular en la industria australiana. Me preocupa que sea demasiado alta la presión sobre algunas de nuestras industrias locales, y algunos de nuestros fabricantes en particular."
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Por su parte, el líder de la oposición, Peter Dutton, criticó las previsiones energéticas y la promesa preelectoral de los laboristas de reducir los precios de la energía.
"Me refiero al plan económico laborista y la estrategia presupuestaria disponible en el sitio web del Partido Laborista. El primer punto es, y cito, recortar las facturas de electricidad en $275 al año para 2025. El presupuesto confirma que se ha roto la promesa, ¿Puede el primer inistro confirmar que su plan económico está en ruinas?, dijo Dutton durante el turno de preguntas en el Parlamento.
En este escenario, las instituciones de defensa de los consumidores están presionando al gobierno para que regule de forma más estricta al sector energético y evitar así las subidas anunciadas del precio de la energía.
La presidenta de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC), Gina Cass-Gottlieb, está apoyando regulaciones más estrictas, como la implementación de un código de conducta obligatorio para el mercado de gas y ayudar así a reducir los precios, algo que el primer ministro Anthony Albanese se ha comprometido a estudiar.
El propio tesorero Jim Chalmers está sugiriendo este código de conducta obligatorio para suministrar más gas al mercado interno en vez de exportarlo, lo que también podría usarse como una forma de monitorear los precios.
El economista Sydney Demaría analiza para SBS Spanish las opciones que tiene el gobierno para controlar la subida de los precios de la energía.
