"Es innegable que estamos frente a un gobierno altamente represivo que utiliza la violencia, y en muchas ocasiones la violencia letal, tanto para intimidar a personas opositoras, disidentes, etc., como en contra de activistas sociales,” dijo a SBS Spanish Carolina Jiménez, directora de Investigaciones para la Américas de Amnistía Internacional, tras revisar el informe.
“Si quedaba alguna duda de que el gobierno de Nicolás Maduro y de quienes lo rodean es un gobierno represivo, que utiliza la violencia estatal para controlar a sus ciudadanos, creo que este informe termina de despejar cualquier duda posible que pudiese quedar”, añadió.
El informe presentado en Ginebra el miércoles por una misión de la ONU acusó a 45 personas, entre ellos a Nicolás Maduro, y ministros del interior y de defensa desde 2014 de estar vinculados con posibles "crímenes de lesa humanidad".
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales -incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad", dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, en un comunicado.
Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.
Sin embargo, el canciller de la gestión de Maduro, Jorge Arreaza, desmintió los alegatos en su cuenta de Twitter, diciendo que se trataba de un "informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”.
Por su parte, Diosdado Cabello, número dos del chavismo, replicó en su programa semanal, "no caigamos en ese chantaje", refiriéndose al informe, al que describió como "plagado de mentiras".
No obstante, Carolina Jiménez considera que el informe de más de 400 páginas es “muy contundente, muy sólido, muy riguroso”, al explicar que fue elaborado por “profesionales de primera, con expertos muy reconocidos en la materia”.
“La posición del gobierno venezolano ha sido la misma frente a muchos informes que ya se han presentado: Los acusan de falsos, van al extremo de atacar a quienes presentan el informe,” apunta.
“No logran presentar argumentos, contraargumentos, evidencias que demuestren lo contrario de lo que aparece en este informe. Atacan al mensajero, pero no pueden contrarrestar el mensaje”.
“Por eso es que hemos visto simplemente una respuesta muy tenue e insultante en las redes sociales, pero que realmente no puede con los argumentos que se han expuesto en estas más de 400 páginas”.
"Violaciones flagrantes"
Francisco Cox, miembro de la misión, declaró ante la prensa que los investigadores encontraron evidencias de que Maduro había ordenado en ocasiones personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a quién vigilar y detener.
"Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando" o en ocasiones "dando órdenes directas", afirmó. "Tenemos motivos razonables para creer que esto es una política de Estado [...] para sofocar a la oposición", sostuvo.
En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya había presentado un informe denunciando "detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso" y casos de "tortura y desapariciones forzadas".
En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela investigó 223 casos, 48 de ellos en profundidad, en un exhaustivo informe de 443 páginas.
Además, estudió otros 2.891 casos para "corroborar los patrones de violaciones y crímenes", como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
Esta misión no pudo visitar Venezuela, debido a que "el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes" y a restricciones aéreas por el covid-19, y realizó 274 entrevistas a distancia, explica el informe.
Venezuelan President Nicolas Maduro during an event with members of the military, in Turiamo, Venezuela, 03 February 2019 Source: AAP / PRENSA MIRAFLORES
Ejecuciones y torturas
La misión investigó "16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales", además de "2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad" entre 2015 y 2017.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dijeron a la misión que "era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular 'enfrentamientos'".
"Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen", dijo Valiñas.
La misión investigó el accionar del SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y documentó detenciones que en realidad eran "desapariciones forzadas de corta duración", que incluían "torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual" para "obtener confesiones o como castigo".
Según Cox, los organismos de inteligencia sometieron a opositores o disidentes "a violencia sexual", así "como palizas y descargas eléctricas en los genitales".
La ONG defensora de derechos humanos Foro Penal contabiliza 334 detenidos por motivos políticos en Venezuela.
“Son muchísimos casos de ejecuciones extrajudiciales, miles de detenciones arbitrarias, actos de tortura que realmente desafían la imaginación de cualquier persona, porque tiene unos niveles de crueldad altísimos,” pondera Jiménez.
La misión instó a las autoridades venezolanas a realizar "investigaciones rápidas", "independientes" y "transparentes" sobre las violaciones y crímenes.
Valiñas dijo que instancias como la Corte Penal Internacional (CPI) "deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales" contra los responsables identificados.
Asimismo, la Organización de Estados Americanos urgió a "actuar" ante la presencia de representantes de Maduro en el Consejo de DDHH de Naciones Unidas. "La incongruencia no podría ser más notoria a la luz del informe recién presentado por el propio Consejo. Urgimos a la comunidad internacional a actuar al respecto", dijo.
Una tanqueta militar arrolla a manifestantes en Caracas. Source: Video de Twitter del periodista Alejandro Álvarez @aletweetsnews
Informe “histórico” que podría ser un “insumo importante” en la Corte Penal Internacional
A pesar de que en años anteriores varias organizaciones internacionales veladoras de los derechos humanos han presentado diversos informes detallando posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, este es el primer informe en responsabilizar directamente a altos funcionarios y oficiales del gobierno venezolano “con nombre y apellido”.
“Este informe va un paso más allá e identifica responsabilidades individuales en este tema: quiénes son aquellas personas y altas autoridades, que coordinaron, ordenaron y ejecutaron este tipo de graves violaciones,” explica Jiménez.
Es verdaderamente histórico, porque estamos hablando de las más altas autoridades del poder público en Venezuela.
“Esa identificación de responsabilidades individuales y esa solicitud que hace la misión de determinación de los hechos para que sean investigadas esas personas en un tribunal competente, creo que es … muy reivindicativa para las víctimas, porque le pone nombre y apellido a las responsabilidades que hay detrás de estas atrocidades”.
Jiménez considera que el informe es “tan detallado y contiene un nivel de evidencia altísimo”, que podría constituir un “insumo muy importante para las cortes, ya sean nacionales o internacionales”.
“La Corte Penal Internacional desde febrero del 2018 abrió un examen preliminar sobre Venezuela. La sociedad civil venezolana, y en especial las víctimas, estamos a la espera que se pase a la siguiente fase: que se haga la investigación propiamente, … que se investigue y se inicie un juicio”, sentenció.
