La crisis en Nicaragua, el segundo país más pobre de América después de Haití, se profundiza aún más con la detención este mes de cuatro precandidatos presidenciales opositores para las elecciones del 7 de noviembre, en las que se espera que el izquierdista Daniel Ortega busque un cuarto mandato consecutivo, además de dos históricos exguerrilleros sandinistas y un banquero.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, resolvió esta semana "condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos" en Nicaragua, pero el Ejecutivo de Ortega declaró este texto "inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno" .
Puntos destacados:
- El gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega detuvo en los últimos días a cuatro precandidatos presidenciales opositores para las elecciones del 7 de noviembre, , argumentando que intentan "incitar a la intervención extranjera" y son "usurpadores" financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente Ortega.
- Varios analistas consideran que una ofensiva como la que ocurre en Nicaragua no se ve desde la dictaduras militares de los años 1970 y 1980 en América Latina.
- La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó "inequívocamente" el arresto de opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y pidió su "inmediata liberación", pero el Ejecutivo de Managua consideró que ese texto es "inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno" .
- Daniel Ortega fue uno de los líderes de la revolución sandinista que en 1979 depuso al entonces dictador Anastasio Somoza, gobernó el país hasta 1990 luego de la victoria de la insurrección popular. En 2007 retornó al poder y, ahora, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) no descarta postularlo para un cuarto mandato sucesivo.
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, esta presión internacional “es relativa” dado que por un lado “sirve como elemento para que la dictadura arrecie su persecución “en contra de los opositores y paladines de los derechos humanos, pero por otro “el mundo se dará cuenta de lo que está pasando” en el país centroamericano.
Núñez agregó que considera que “se ha desarrollado en el contexto latinoamericano un nuevo tipo de dictadura, que ha rebasado los parámetros de las históricas dictaduras militares y de otro tipo que han existido y entonces, esto ha puesto a prueba la efectividad de los mecanismos de protección internacional”, precisó la presidenta del CENIDH en entrevista con SBS Spanish.
Polémica Ley de Soberanía
En diciembre, Nicaragua aprobó una polémica "Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz", la ley 1055, que castiga con cárcel a las personas que promueven la intervención extranjera.
Esta ley permite la seguidilla de arrestos en Nicaragua que comenzó el 2 de junio con la detención de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), a quien acusan de lavado de activos.
También están detenidos los aspirantes a la presidencia: el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, además del presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, y varios disidentes sandinistas, incluidos los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres, y al exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco.
El gobierno de Daniel Ortega considera que los opositores detenidos bajo cargos de "incitar a la intervención extranjera" son "usurpadores" financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente Ortega.
Núñez rechazó, en nombre de “las víctimas de una represión brutal”, las acusaciones de tener vínculos con Estados Unidos para desestabilizar al país, al acusar al gobierno de Ortega de pretender “encubrir la opinión pública nacional, pero sobre todo, la barbarie que ha desatado en contra del pueblo desde el año 2018”.
La activista y experta en derecho penal también atribuyó “esta patraña y esta agresión de todo tipo” no solamente a la “pareja de dictadores” en alusión a Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo, sino también a “sus cinco hijos “, a quienes les atribuye presuntos delitos de apropiación ilícita.
Caída libre desde las protestas
Human Right Watch apuntó en s que el gobierno de Daniel Ortega ha desmantelado desde que asumió el poder en 2007 “prácticamente todos los controles institucionales sobre el poder presidencial”, usó diversos mecanismos para excluir a los opositores e ignoró una prohibición constitucional contra su reelección,
La ONG también denunció la fuerte represión de la Policía y grupos armados partidarios del gobierno durante las protestas de 2018, que se saldaron con 300 muertos, 2.000 heridos y cientos de personas detenidas y procesadas arbitrariamente, así como “severas restricciones a la libertad de expresión y de asociación”, entre otras violaciones a los derechos humanos y contra la democracia.
Núñez enfatizó que en Nicaragua “es imposible manifestarse en las calles (porque) el derecho a manifestarse y expresarse públicamente comenzó a ser reprimido desde el 23 de septiembre de 2018 cuando fue la última protesta pública...y eso ha ido creciendo dado que cualquier manifestación ha sido fuertemente reprimida” y existe el riesgo de que a una persona “la garroteen (maltraten físicamente), la lleven presa y la juzguen bajo la ley 1055 que es traición a la patria”.
Según Núñez, las últimas leyes aprobadas son “un instrumento de represión. Aquí se están utilizando las instituciones judiciales, las instancias institucionales, las leyes y el derecho penal como un instrumento de represión. No hay ningún recurso que funcione”.
La activista de derechos humanos, quien remarcó que a pesar de la “fortaleza de la gente” no ve una salida a su país.
“No se va a poder ni hablar porque aquí el opinar se ha convertido en un delito y te aplican la ley de ciberdelito a los periodistas o traición a la patria y pasas 30 días preso para investigar y privado de todos sus derechos”, comentó Núñez al mencionar una serie de casos como el de Dora María Téllez.
Según CNN, a la mayoría de los opositores detenidos bajo la Ley 1055 el poder judicial les extendió el plazo de hasta 90 días en prisión, para ampliar los actos investigativos que les siguen, mientras que los abogados de los mismos denuncian irregularidades en el proceso.
Pero el gobierno de Ortega ha asegurado en estos días que “se está desarrollando un ataque implacable y sin precedentes en contra del pueblo de Nicaragua” y demandó el cese de las sanciones internacionales que, según dijo, en tiempos de pandemia “eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad”.
En defensa del gobierno de Ortega, Jorge Capelán y Stephen Sefton, dijeron en un publicado recientemente en TeleSur “que personas inteligentes acepten esta clase de falsedades promovidas por la oposición nicaragüense y sus secuaces regionales indica una falta de rigor intelectual en sectores de la izquierda latinoamericana en relación a Nicaragua. Casi todas estas falsedades tienen su origen en personas y organizaciones financiadas por los gobiernos imperialistas, principalmente sus apéndices no gubernamentales en Nicaragua”.
Riesgo de más caravanas de inmigrantes
Nicaragua es el segundo país más pobre de América después de Haití, por lo que el presidente estadounidense Joe Biden seguramente rechazará cualquier medida que pueda desencadenar una mayor migración al norte, máxime cuando la Casa Blanca ya enfrenta críticas por el flujo de solicitantes de asilo de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Exceptuando el abordaje de la inmigración de Centroamérica, la administración del demócrata, ha hecho pocos cambios con respecto a la política de su antecesor Donald Trump en la región.
En Venezuela, Biden atenuó la retórica pero sigue reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino; y las sanciones se mantienen.
Hacia Cuba, donde Trump recrudeció el embargo vigente desde 1962 en pos de un cambio de régimen, el secretario de Estado, Antony Blinken, tampoco parece proclive a revertir la decisión de último minuto de la pasada administración que volvió a declarar a la isla comunista como estado patrocinador del terrorismo.
Los cubanos-estadounidenses, y cada vez más los venezolanos-estadounidenses, muchos fervientemente opuestos a los gobiernos de sus países de origen, son una fuerza importante en Florida, un estado políticamente crucial y donde Trump logró grandes avances entre los latinos las últimas elecciones.
Martha Lorena Castañeda, una nicaragüense-estadounidense radicada desde 1984 en Washington, advirtió que su país natal podría convertirse en una nueva Cuba o Venezuela si Ortega es reelegido.
"Sería fantástico que Estados Unidos interviniera para ayudar, por ejemplo, enviando observadores para evitar corrupción en las elecciones. Muchos países deberían unirse para ayudar, y Estados Unidos debería tomar la iniciativa", dijo Castañeda.
