Sinopsis
Por primera vez en siete años, la justicia de El Salvador condenó a 30 años de cárcel a una campesina por sufrir un aborto involuntario. Se agrega a más de 40 mujeres salvadoreñas que cumplen condenas entre 10 y 30 años de cárcel por haber abortado.
Ocurre porque la legislación El Salvador penaliza toda forma de aborto, incluso, el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto identifica a la mujer solamente como “Esme”. En octubre de 2019, embarazada y sola en su casa en el campo, sufrió una emergencia obstétrica y su bebé falleció.
La mujer de 28 años buscó asistencia en un hospital público, pero en vez de recibir ayuda, fue denunciada y detenida.
Según el Colectivo Feminista, Esme lleva dos años en prisión preventiva, separada de su hija de siete años, así como de sus padres mayores, que ella cuidaba.
Su abogada, Karla Vaquerano, sostuvo que el juez que dictaminó la sentencia actuó con parcialidad, privilegiando la versión ofrecida por la Fiscalía General de la República, cargada, según ella, de estigmas y estereotipos de género.
Recientemente, varias mujeres liberadas tras años en prisión pidieron a las autoridades salvadoreños que acabe la criminalización de las mujeres que sufren abortos. Ocurrió con Kenia, quien perdió su embarazo por una caída cuando tenía 17 años.
Se estima que, en El Salvador, una nación de casi siete millones de habitantes, unas 25.000 mujeres quedan embarazadas tras ser violadas cada año y se realizan miles de abortos clandestinos. Entre 2014 y 2020 la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto registró 190 mujeres procesadas.
Mientras la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, señaló que la sentencia de 30 años de cárcel "es una farsa de justicia. Sufrir una emergencia obstétrica es devastador para cualquier persona y el rol del Estado cuando esto ocurre debe ser brindar acompañamiento y contención para aliviar este sufrimiento, no agravarlo al criminalizar a las mujeres".
Hace medio año, la Asamblea Legislativa de El Salvador rechazó reformar el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a quienes consientan o realicen un aborto.
Con los votos de 73 de los 84 diputados, el Congreso unicameral rechazó la solicitud presentada por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para autorizar el aborto en tres causales: cuando la vida de la mujer esté en riesgo, cuando la vida del feto sea inviable y cuando ´’¿ embarazo sea producto del estupro o violación en mujeres y menores de edad.
Los diputados oficialistas y afines al gobierno de Nayib Bukele mandaron al archivo la cuarta iniciativa que desde 1998 se presentó al Congreso para pedir la despenalización del aborto.
En América Latina, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana prohíben el aborto sin excepciones.
Por encarcelar a mujeres que sufrieron abortos espontáneos, el Estado salvadoreño acumula procesos y condenas, incluso a nivel internacional. El 30 de noviembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de El Salvador asegurando que violentó los derechos de Manuela, una mujer con cáncer que falleció mientras cumplía una condena de 30 años de cárcel por supuestamente haber interrumpido su embarazo.
Haz clic en la imagen principal para escuchar el informe.
