El Parlamento de Queensland adelanta una investigación sobre la explotación laboral, "Wage Theft Inquiry", en distintos sectores de la economía, y en los que prevalecen los sectores de la hostelería, la limpieza, las franquicias y el comercio.
Si bien la investigación, impulsada por la premier de Queensland Annastacia Palaszczuk ha venido escuchando docenas de casos de distintos trabajadores, los más vulnerables son los jóvenes, los estudiantes internacionales, los mochileros o los inmigrantes que desconocen sus derechos.
Este lunes 3 de septiembre, los parlamentarios que adelantan la investigación en la que también escuchan a empleadores y sindicatos, tuvieron ante ellos los testimonios de personas de la comunidad hispana respaldados por la QLD Community Alliance, una organización que congrega personas de distintas creencias religiosas y diversos orígenes.
Ahí, Sergio Durán, un estudiante internacional colombiano, tuvo la oportunidad de exponer las distintas formas de explotación laboral a la que ha sido sometido desde su llegada a Australia hace cinco años, y que van desde entrenamientos no remunerados, hasta despidos súbitos, pasando por pagos salariales ilegales, entre otras. (Escucha el podcast con la entrevista a Sergio Durán y su experiencia).
Sergio Durán (derecha, abajo) a las afueras del Parlamento de Queensland con miembros de la QLD Community Alliance Source: Facebook
Algunos de los aspectos más preocupantes que ha escuchado la comisión parlamentaria es la insuficiencia de la Fairwork Commission para vigilar y castigar a los empleadores explotadores.
La comisión no cuenta con el número de inspectores suficientes para procesar las denuncias que recibe por lo que algunas recomendaciones hechas a los parlamentarios de Queensland apuntan a que se criminalicen los empleadores explotadores, porque de lo contrario, y a pesar de que se establezca la falta en que incurren, las víctimas difícilmente recuperan su dinero.
Durante la audiencia pública, la QLD Community Alliance presentó sus recomendaciones entre las que se expresa la necesidad de mayor financiación para educar a los trabajadores más vulnerables desde las organizaciones civiles, los sindicatos, escuelas y universidades.
También proponen mayor apoyo a los negocios para educar a los empleadores sobre sus responsabilidades con sus trabajadores, y hacen especial hincapié en la necesidad de aumentar el número de inspectores, y que estos prioricen su vigilancia en industrias como la limpieza por contrato, trabajo en haciendas y la hostelería.
Además recomiendan la implementación de procesos más simples para la recuperación de los salarios no pagados. Afirman que la "Small Claims Court" (El Tribunal para Reclamos Pequeños) es costoso y sus procedimientos son engorrosos.
El 16 de noviembre la comisión entregará su informe.
(Escucha el podcast con la entrevista a Sergio Durán y su experiencia).
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