La primera medida adoptada el sábado por la nueva Asamblea Legislativa unicameral de El Salvador, donde los aliados del presidente Nayib Bukele cuentan con la gran mayoría de los 84 escaños, fue destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la más importante de ese tribunal, y nombrar a sus reemplazantes, cuyos nombres ya tenía listos.
La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, había contenido en el pasado varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.
Wilfredo Salamanca, corresponsal de SBS Spanish en el Salvador, explica que “el argumento de la bancada oficialista es que estos magistrados se opusieron a las medidas del ejecutivo durante la pandemia y que, en cierto modo, abusaron de sus facultades y también dictaron algunas sentencias que habrían dejado en riesgo la vida de la población salvadoreña.”
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El nuevo Parlamento destituyó también al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por tener filiaciones con el opositor partido derechista ARENA. Entrada la madrugada del domingo eligieron a su sucesor, Rodolfo Delgado.
Salamanca apunta que el nuevo fiscal ha sido “cuestionado” en el pasado por supuestos vínculos con el cartel de Texis, el “más fuerte del narcotráfico en la zona norte de Centroamérica”.
Tanto los nuevos magistrados como el fiscal fueron escoltados por la policía para asumir sus cargos de inmediato. Luego, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, ingresó entre aplausos a la sala de la Asamblea Legislativa.
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Bukele justificó sus acciones alegando que faltaba “mucho por cambiar” en el país.
Son embargo, estos movimientos han sido catalogados un “arrebato de poder” de Bukele, y un socavamiento de la democracia salvadoreña.
“Condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC”, todos aliados del gobernante, dijeron en un comunicado 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, entre ellas gremios empresariales.
Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona.
El presidente ha tenido duros calificativos contra ellos y los acusó de no permitirle cuidar de la vida de sus compatriotas.
"¿Dictador? Los hubiera fusilado a todos o algo así. Salvar mil vidas a cambio de cinco [los magistrados], pero no soy un dictador", ironizó Bukele en agosto pasado.
The President of El Salvador Nayib Bukele. Source: AFP
Reacciona Estados Unidos
El domingo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó la “grave preocupación” de su país por la destitución de magistrados y señaló que “un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática”.
Según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, la preocupación se extendió por la destitución del fiscal general, quien, de acuerdo con Blinken, “lucha contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz de los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador”.
El secretario Blinken destacó asimismo el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador, incluso “reforzando las instituciones democráticas y la separación de poderes, defendiendo una prensa libre y una sociedad civil vibrante”.
En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió que “cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo”.
Ante lo ocurrido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Bukele “garantizar la separación de poderes y el orden democrático”.
“Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”, advirtió en tanto el director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
El sábado por la noche, Bukele se mostró dispuesto a seguir trabajando con la comunidad internacional, pero aclaró: “Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia”.
Una intensa contienda
El 9 de febrero de 2020, Bukele desafió al entonces Parlamento opositor, cuando, escoltado por el ejército, llegó a la Asamblea para presionar por la aprobación de un crédito destinado a la lucha contra las pandillas.
Bukele, de 39 años, ha logrado capitalizar el descontento de la población respecto a los partidos tradicionales. Cuenta con apoyo popular y el respaldo de las Fuerzas Armadas.
Ello llevó a sus aliados a vencer en las elecciones parlamentarias del 28 de febrero, dejando relegadas a las tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y la exguerrilla izquierdista del FMLN.
“La actuación de los diputados oficialistas confirma el temor de que el respaldo popular expresado en las urnas fuera utilizado para concentrar el poder en el Ejecutivo”, aseguró en un pronunciamiento la influyente Universidad Centroamericana (UCA).
Para la UCA, la destitución “muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el Gobierno del presidente Bukele”.
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