Sinopsis
El régimen de Daniel Ortega acusó de “terrorismo” a la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua y ordenó la confiscación de todos sus bienes. Así confirmó la universidad manejada por la Compañía de Jesús a través de un comunicado en el que anunció la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas.
Durante las protestas populares de 2018, la UCA se convirtió en refugio de los estudiantes perseguidos, y en un actor político en los intentos de diálogo que hubo entre la oposición y el gobierno. Su rector José Idiáquez fue parte del equipo negociador del “Diálogo Nacional” en los años 2018 y 2019.
Hace un año, la Asamblea Nacional dominada por el sandinismo, reformó dos leyes que excluyeron a la UCA del Consejo Nacional de Universidades, y con ello del 6 % del presupuesto estatal que se asigna a la educación superior. Entonces, el diputado sandinista Wilfredo Navarro enfiló contra la universidad jesuita.
Hace una semana, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo bloqueó las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana y la medida también alcanzó a “algunos de sus más altos directivos”. Además, la Corte Suprema de Justicia, afín al sandinismo, revocó la acreditación del Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana que sirvió 54 años como método alterno de resolución de conflictos.
El líder estudiantil Lester Blanco comentó a 100% Noticias sobre esta medida que anticipaba la confiscación de los bienes de la universidad jesuita.
Ahora, la Universidad Centroamericana confirmó mediante un comunicado que está obligada a traspasar sus bienes muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias al Estado por orden de la jueza Gloria María Saavedra, quien tiene un largo historial contra los presos políticos y nicaragüenses desterrados.
El medio Nicaragua Actual difundió imágenes de patrullas de la policía de Nicaragua en los contornos de la UCA, mientras un grupo de jóvenes nicaragüenses protestó frente a la embajada de su país en Costa Rica.
El gobierno de Daniel Ortega ha arreciado durante este último año la persecución que mantiene contra la iglesia católica de Nicaragua.
Por su parte, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús solicitó al gobierno de Daniel Ortega, que “sea inmediatamente revertida y corregida la drástica, inesperada e injustificada medida adoptada por el órgano judicial”, que “cese la creciente agresión gubernamental en contra de la Universidad y sus integrantes” y que “se busque una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra”.
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