El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, agradeció al presidente Carlos Alvarado por el compromiso de Costa Rica de proteger y promover la inclusión de refugiados y solicitantes de asilo a través de un acuerdo con ACNUR para extender el seguro médico a 10.000 de los más vulnerables.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, Costa Rica alberga a más de 88.000 refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses que han huido de su país desde 2018 cuando en Nicaragua estalló una crisis sociopolítica por las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, quien respondió con una violenta represión.
Hace un año, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, aprovechó el primer Foro Mundial sobre Migrantes realizado en Ginebra, Suiza, para confirmar el seguro médico para todos los solicitantes de asilo y refugio en su país.
El jefe de la oficina de ACNUR en Costa Rica, Milton Moreno, dijo a El Confidencial que la intervención del presidente costarricense facilitó el seguro médico para los refugiados.
El seguro médico bajo el convenio ACNUR y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tiene un coste de 2 millones y medio de dólares que se financian por parte del organismo de la ONU.
El proyecto beneficiará a personas con condiciones médicas previas o en extrema vulnerabilidad económica, y la lista de personas será suministrada por el ACNUR a las autoridades costarricenses.
Según ACNUR, es preocupante la situación humanitaria de los refugiados nicaragüenses en medio de la pandemia. Más de tres cuartas partes de ellos pasan hambre o comen solamente una o dos veces al día y que una quinta parte podría quedar en la indigencia en las próximas semanas.
Durante la reunión entre el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, y el presidente Carlos Alvarado, un grupo de nicaragüenses refugiado realizó protestas, según Nicaragua Actual.
El presidente Carlos Alvarado también anunció su decisión de extender los compromisos de Costa Rica para enfrentar los desafíos del desplazamiento forzado, como parte de su participación en un marco regional de protección y soluciones para quienes se ven obligados a huir.
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