Sinopsis
La Asamblea Legislativa de El Salvador dispuso que los más de 71 000 presuntos pandilleros detenidos durante el Estado de Excepción sean juzgados colectivamente, lo que conducirá a que alrededor de 900 detenidos enfrenten un mismo juicio.
La norma ordena el sometimiento de varios imputados a un solo proceso penal por su supuesta pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro del estado de excepción, vigente desde marzo de 2022 en el país centroamericano.
Esta disposición fue aprobada con los votos de 67 congresistas del partido gubernamental Nuevas Ideas y aliados de 84 legisladores en total.
El diputado oficialista Denis Salinas, comentó que el Ministerio Público podrá también hacer uso de los mismos elementos de prueba en contra de un grupo de pandilleros cuando éstos pertenezcan a una misma célula o que operen en una misma zona geográfica o que hayan participado en un mismo hecho delictivo.
Un informe de la organización Human Rights Watch, revela que de una muestra de 48 000 personas detenidas hasta septiembre de 2022, solo el 0,9 por ciento fue imputado por delitos de homicidios, lesiones, extorsión y otros delitos graves típicos de las pandillas. En contraste, el 82 por ciento fue imputados por asociaciones ilícitas y el 17 por ciento por agrupaciones terroristas.
Además, la norma propuesta por el presidente Buleke, también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su liberación.
Con esta disposición, la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros en un proceso judicial penal.
La aprobación de la disposición que permitirá los juicios colectivos ha sido condenada por sectores de oposición política que han denunciado que con esta acción se busca juzgar a las personas que protesten contra el presidente.
El diputado del opositor e izquierdista FMLN, Jaime Guevara, dijo en el plenario que no daría sus votos por esta normativa.
Por su parte, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han denunciado la detención de cientos personas que no se encuentran ligadas a pandillas y que aún permanecen en prisión. La organización Cristosal registra más de 5,500 casos.
Según la organización Cristosal, las detenciones arbitrarias masivas en El Salvador son la puerta de ingreso a un ciclo de terror que incluye torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; posibles muertes arbitrarias; penas anticipadas de facto y juicios sin garantías procesales mínimas
El pasado 14 de julio, el Estado de El Salvador negó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las acusaciones de las organizaciones humanitarias sobre atropellos, acoso a la prensa y torturas.
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