Puntos destacados:
- El Código de Conducta de Alimentos y Comestibles es un acuerdo voluntario entre proveedores y supermercados.
- Una investigación reciente descubrió que los proveedores tenían demasiado miedo de expresar su preocupación por las violaciones por temor a represalias.
- Una de las principales recomendaciones de la investigación fue hacer que el código fuera obligatorio para todos los principales minoristas.
Una investigación sobre el comportamiento de los principales minoristas, que han sido objeto de escrutinio por el aumento de sus beneficios en medio de las presiones por el coste de la vida que sufren sus clientes, ha arrojado sus primeros resultados.
La revisión del Código de Conducta en materia de alimentación y abarrotes ha puesto de manifiesto la preocupante relación entre los supermercados y sus proveedores.
La investigación ha descubierto un desequilibrio de poder en esa relación, ya que muchos proveedores, incluidos agricultores, temen represalias si expresan su preocupación por el incumplimiento del código.
El código ha seguido siendo voluntario hasta ahora y se considera un acuerdo en gran medida ineficaz entre todas las partes del sector de la alimentación para mejorar el comportamiento empresarial.
Tras los resultados de esta investigación, el exministro de Trabajo Craig Emerson ha recomendado que el código pase a ser obligatorio.
También ha pedido que se introduzcan severas sanciones de hasta 10 millones de dólares —o, alternativamente, del 10 por ciento de los ingresos anuales de un supermercado— para las partes que infrinjan el código.
Las infracciones más graves del código podrían conllevar sanciones adicionales.
El código se aplicará a cualquier minorista con ingresos anuales superiores a los 5000 millones de dólares, entre los que se incluirían los gigantes de los supermercados Coles, Woolworths, Aldi e IGA, pero también podría aplicarse a otros minoristas importantes si optan por el sector de la alimentación.
Supermercados acusados de sacar provecho de clientes y proveedores
El gobierno federal confirmó el domingo que aceptaría todas las recomendaciones de la investigación. Sin embargo, no se ha proporcionado un cronograma para la implementación de estos nuevos cambios en la Ley de Competencia y Consumidores.
Además de hacer que el código sea obligatorio, el gobierno también se ha comprometido a crear un mecanismo anónimo de quejas de proveedores y denunciantes y a reforzar los mecanismos formales e informales de resolución de disputas.
"Nuestros esfuerzos ayudarán a garantizar que nuestros supermercados sean lo más competitivos posible para que los australianos obtengan los mejores precios posibles", dijo el tesorero Jim Chalmers.
La investigación sigue a los llamamientos para tomar medidas enérgicas contra las dos principales cadenas de supermercados de Australia, Coles y Woolworths, que han registrado beneficios sin precedentes durante varios años consecutivos.
Los dos gigantes de las tiendas de abarrotes han sido acusados de utilizar métodos injustos para obtener ingresos, como aumentar los precios de los clientes o perjudicar a los proveedores.
Esta revisión forma parte del plan del gobierno para introducir reformas importantes en el sector competitivo, y un estudio independiente realizado por el organismo de control del consumidor de Australia también analiza los precios de los supermercados.
Faltan unos meses para los resultados de esa revisión y se espera que se publique un informe provisional en agosto.
