La demanda colectiva de Robodebt, que fue presentada por la firma de abogados Gordon Legal, ha sido resuelta a un costo para el gobierno de alrededor de $1.200 millones.
De acuerdo con el líder federal del Partido Laborista Bill Shorten, esta es la mayor demanda colectiva en la historia legal de Australia.
En virtud del acuerdo, que debe ser aprobado por el Tribunal Federal, se deberán realizar devoluciones a partir de 2021 de $721 millones a 373,000 personas, así como pagar $112 millones en compensación y $398 millones en deudas canceladas.
Mediante el sistema automatizado de "Robodebt", creado en 2016, el gobierno australiano enviaba cartas que se emitían automáticamente tras cotejar información de los receptores de pagos de ayudas sociales con el fin de detectar irregularidades.
Puntos destacados:
- Poco más de 2.000 personas que habían recibido una notificación de Robodebt entre julio de 2016 y octubre de 2018 murieron durante ese período, aunque a falta de un informe oficial del forense, no se pueden atribuir causas.
- A partir de enero de 2017, Centrelink comenzó a enviar por Twitter el número de contacto de Lifeline, la organización benéfica nacional que presta servicios de apoyo y prevención del suicidio las 24 horas del día.
- Casi la totalidad del dinero pactado en el acuerdo se repartiría entre los más de 400.000 litigantes, entre ellos personas que recibieron reclamos injustos de reembolso de las ayudas sociales, como indemnizaciones en 2021, según la firma de abogados Gordon Legal, que los representa.
"Robodebt" es la etiqueta que se aplica comúnmente a la iniciativa a partir de 2016 diseñada para aumentar las recuperaciones por parte del gobierno de los "pagos excesivos" realizados a los beneficiarios de la seguridad social, que se remontan retrospectivamente a 2010.
Pero, “en el acuerdo para poner fin a la demanda colectiva, el Estado Australiano (Commonwealth) no admitió su responsabilidad legal ante los miembros del grupo (demandante)", recalcó Gordon Legal.
Bola de nieve
Las preocupaciones por este sistema automatizado se remotan a 2016. Después las quejas se multiplicaron en las redes sociales bajo la etiqueta #notmydebt. La polémica se intensificó cuando la oposición y un parlamentario independiente pidieran, respectivamente, al auditor general y a la defensoría del pueblo, que investigaran el asunto después de recibir más de 100 quejas sobre las deudas.
En 2018, la cadena australiana ABC denunció que el sistema de recuperación de las deudas de los receptores de las ayudas del gobierno con la seguridad social, o “robodebt”, le cobró una fuerte suma a la madre de una persona con discapacidad que había fallecido meses antes, entre otros casos.
El Ejecutivo australiano suspendió en febrero del año pasado este sistema que operaba con algoritmos y sin seguir un protocolo de comunicación humana, el mismo día que los abogados gubernamentales advirtieran que podía ser ilegal.
Victoria Legal Aid (VLA) experimentó un gran aumento en las llamadas de ayuda legal con los problemas de Robodebt. En 2018, Centrelink reclamó una deuda de más de $3,700 dólares a la ex-estudiante Madeleine Masterton, y en febrero de 2019, VLA presentó una solicitud de revisión judicial. En una semana, la deuda se redujo a unos $600.
El segundo caso también involucraba a una ex-estudiante, Deanna Amato, a quien se le descontó el reembolso tributario por una deuda que desconocía de poco más de $3,200 - más una multa del 10% por "no participar", pero tras el litigio, Centrelink descubrió que la deuda debía reducirse a $1,48.
En septiembre de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional canceló completamente la deuda de Amato pero se negó a pagar los intereses. Luego, en noviembre de ese año, la Corte Federal dictaminó que el promedio de ingresos era ilegal - una conclusión que el gobierno concedió una semana antes de que el caso llegara a juicio.
Fue esta decisión la que requirió que el gobierno recalculara manualmente más de 500,000 deudas individuales - a un costo desconocido.
¿Fiasco político?
Peter Whiteford, experto en políticas públicas de la Universidad Nacional Australiana, recordó en un artículo en The Conversation que los ingresos comunicados a la Oficina Australiana de Impuestos ( ATO, siglas en inglés), son los que reciben las personas en el ejercicio económico del 1 de julio al 30 de junio.
Por otro lado, los pagos a la Seguridad Social se realizan quincenalmente y el nivel de los derechos se basa en las circunstancias financieras y personales que se aplican durante ese período.
En enero de 2017, señaló en ese sitio web que "este método [de promediar] sólo funcionará correctamente si las personas reciben exactamente los mismos ingresos cada quince días". En el caso de los estudiantes, esto es muy poco probable", apuntó.
Lo que es más significativo, en julio de 2017, Peter Hanks dio la Conferencia Nacional en la Conferencia Nacional del Instituto Australiano de Derecho Administrativo en la que criticó a la Commonwealth por su nuevo método de recaudación y recuperación de lo que "Centrelink eligió describir como 'deudas'".
El Profesor Terry Carney - quien se desempeñó durante casi 40 años como miembro de la División de Servicios Sociales y Manutención del Niño del Tribunal Administrativo de Apelaciones y su predecesor el Tribunal de Apelaciones del Seguro Social - también emitió cinco fallos en 2017 en el sentido de que no había deuda cuando Centrelink calculó los sobrepagos aplicando el ingreso anual promedio a períodos más cortos.
En un artículo de 2018, Carney señaló que la Commonwealth tenía que demostrar que existían deudas en lugar de exigir a los individuos que demostraran que no las tenían. Esto también fue señalado por Hanks en 2017, y fue la conclusión a la que llegó el Tribunal Federal en el caso Amato.
“Esencialmente, el fiasco de Robodebt surge de la propia formulación de la política. Desde el principio, una característica central del programa fue ilegal”, precisó el académico, al recalcar que “el fiasco de Robodebt implica fallos de política en numerosas dimensiones. El más obvio -y en muchos sentidos el menos importante- es que no logró los ahorros presupuestarios que eran su principal objetivo”.
“Lo que es más grave, cientos de miles de personas se vieron afectadas negativamente. Este costo humano es difícil de evaluar e implica mucho más que pérdidas financieras”, insistió.“
Esta historia aún no ha terminado. El Tribunal Federal aún no ha aprobado los términos del acuerdo. La segunda investigación del Senado de Asuntos Comunitarios debe presentar su informe en febrero de 2021”, indicó el experto de la ANU, quien señaló que la oposición australiana busca la creación de una comisión real sobre el Robodebt.
