Existe un temor generalizado de que una ley propuesta que permita la cancelación de visas basándose en pruebas secretas pueda negar a los migrantes su derecho a la justicia.
El gobierno federal dice que la legislación, que podría resultar en la deportación o la detención de una persona sin conocer la evidencia detrás de la decisión, evitaría la divulgación de información confidencial proporcionada por las fuerzas del orden o las agencias de inteligencia para su uso en decisiones de denegación o cancelación de visas por motivos de carácter.
Pero a los grupos de derechos humanos y defensores de los inmigrantes les preocupa que la medida equivalga a una violación fundamental de la equidad procesal, al hacer más difícil para las personas impugnar las cancelaciones de visas.
Puntos destacados:
- La legislación, conocida como el proyecto de ley de enmienda de la legislación sobre migración y ciudadanía, se encuentra actualmente en el comité de inteligencia y seguridad del parlamento.
- La nueva ley podría resultar en la deportación o la detención de una persona sin conocer la evidencia detrás de la decisión.
- Defensores de DDHH temen que el proyecto de ley equivalga a una extralimitación de poder, que amenace con perjudicar la capacidad de las personas que enfrentan cancelaciones de visas, para impugnar la decisión.
La legislación, conocida como el proyecto de ley de enmienda de la legislación sobre migración y ciudadanía (fortalecimiento de las disposiciones en materia de información), se encuentra actualmente en el comité de inteligencia y seguridad del parlamento.
Un análisis de SBS News de las presentaciones no gubernamentales hechas a la investigación indicó un rechazo abrumador de la legislación propuesta.
Sus preocupaciones giran en torno a las importantes implicaciones para los inmigrantes cuyas visas se cancelan y luego se enfrentan a ser deportados forzosamente de Australia o detenidos indefinidamente sin cargos ni juicio, si son apátridas.
Entonces, ¿por qué la ley propuesta ha suscitado tanta preocupación, incluso de la Comisión Australiana de Derechos Humanos, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los defensores de los migrantes?
¿Una extralimitación de poder?
El gobierno federal argumenta que el proyecto de ley tiene como objetivo fortalecer su capacidad para rechazar y cancelar visas sobre la base de motivos de carácter en virtud de la Ley de migración y la Ley de ciudadanía australiana.
La legislación propone enmiendas para crear lo que describe como un marco para la protección y control de divulgación de información autorizada, proporcionada en forma confidencial por las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden.
El gobierno afirma que este tipo de información confidencial ha respaldado muchas decisiones de visas basadas en el carácter, en las que, de lo contrario, no habría pruebas suficientes, citando como ejemplo a los miembros de pandillas de motociclistas fuera de la ley.
Pero la medida ha despertado la inquietud de grupos preocupados por que el proyecto de ley equivalga a una extralimitación de poder, que amenace con perjudicar la capacidad de las personas que enfrentan cancelaciones de visas, para impugnar la decisión.
La presentación de la investigación de la Comisión Australiana de Derechos Humanos dijo que la ley propuesta contradice los principios legales que dictan que "no se debe permitir que el estado se base en pruebas secretas en los casos en que la libertad de una persona está en juego" y tiene "implicaciones sustanciales para los derechos humanos".
El ACNUR también ha expresado su preocupación acerca de que la "naturaleza confidencial" del marco propuesto equivale a un "debilitamiento adicional" de la legislación australiana para mantenerse en conformidad con las obligaciones internacionales.
Es esencial que a los solicitantes de asilo, refugiados y apátridas se les brinden garantías y garantías procesales plenas en todas las etapas del proceso de determinación de la visa y la ciudadanía.
El organismo de la ONU advirtió además sobre las "graves consecuencias" de una "determinación errónea" que se realiza.
¿Cómo funciona la ley?
El proyecto de ley se presentó en respuesta a una decisión del Tribunal Superior del 2017 que determinó que parte de la Ley de Migración era inconstitucional porque negó que se proporcionara información a los tribunales, al permitir que el ministro "proteja" ciertas pruebas para que no se divulguen.
Tras este fallo, el gobierno federal se ha quejado de que el umbral actual de inmunidad de interés público retenido por el ministro no protege adecuadamente el tipo de información confidencial utilizada en las decisiones sobre visas.
Según la nueva propuesta de ley, un tribunal podría solicitar el acceso a este tipo de información confidencial, pero se enfrentaría a una restricción severa.
Por ejemplo, podría requerir que el Tribunal Superior, el Tribunal Federal o el Tribunal de Circuito Federal ordene a un ministro que presente o proporcione pruebas que considere relevantes para una decisión de visa.
Pero el tribunal tendría que celebrar audiencias a puerta cerrada que solo estarían abiertas a las partes que posean la información, antes de decidir si puede extender su divulgación, incluso a la persona cuya visa ha sido cancelada.
Esto requeriría que el tribunal determinara si la divulgación de la información crearía un "riesgo real de daño al interés público", para decidir si debería compartirse más ampliamente.
Esto incluye disposiciones que tienen en cuenta el riesgo de que las divulgaciones puedan disuadir a las agencias de inteligencia y de cumplimiento de la ley, de compartir información y afectar las relaciones de Australia con otros países o su seguridad nacional.
Cualquier persona que divulgue la “información protegida” fuera de excepciones limitadas podría ser encarcelado por dos años.
La “información protegida” con respecto a una decisión de visa tampoco podría compartirse como prueba en un tribunal o en el parlamento.
Abogados migratorios preocupados
El Grupo de Trabajo de Cancelaciones de Visa, que representa una coalición de bufetes de abogados privados, organizaciones sin fines de lucro y centros legales comunitarios, advirtió que la nueva ley podría instalar "un alarmante régimen de secretismo".
El grupo expresó su preocupación de que los tribunales se verían obligados a tomar decisiones "rápidas" y "complejas" sobre si se debe divulgar la "información protegida".
“La detención y expulsión de Australia no son asuntos que se tomen a la ligera o que se faciliten en secreto”, dice su presentación.
Bajo el marco propuesto, los australianos probablemente nunca sabrán si estos poderes extraordinarios están siendo mal utilizados o incluso abusados.
En su presentación, el Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo también dijo que el proyecto de ley causaría un "perjuicio severo" a la capacidad de las personas que enfrentan cancelaciones de visas para impugnar las decisiones.
"Estas decisiones de cancelar visas o retirar la ciudadanía suelen tener consecuencias catastróficas para las personas afectadas, incluida la deportación de Australia", dice su presentación.
En Australia, la mayoría de las cancelaciones de visas se realizan en virtud del sector 501 de la Ley de migración.
A través de estos poderes, el gobierno puede cancelar visas de no ciudadanos por preocupaciones de carácter, así como por condenas penales, o si se les considera parte de un grupo sospechoso irregular.
En 2020/21, hubo 946 cancelaciones de visas y 785 rechazos de solicitudes según la disposición de la sección 501.
Pero desde 2012-13, el uso por parte del gobierno de la cancelación de visas por "motivos de carácter" se ha disparado de 139 a un máximo de 1278 en 2016-17.
¿Podría el proyecto pasar este año?
SBS News entiende que el proyecto de ley podría someterse a debate a finales de este año, pero la perspectiva está lejos de ser segura con solo cuatro semanas de sesión restantes.
El Partido Laborista advirtió anteriormente que la legislación es "fundamentalmente incompatible con el estado de derecho" y dijo que el proyecto de ley no debería aprobarse.
Pero el gobierno federal argumenta que la medida logra un equilibrio en la preservación del derecho a una audiencia pública y justa sobre las decisiones de visa y ciudadanía, al tiempo que protege la divulgación de información confidencial.
La Policía Federal Australiana también ha expresado su apoyo a la medida, diciendo que salvaguardar la información protegida es "esencial para combatir el crimen y garantizar la seguridad de la comunidad".
La Organización de Inteligencia de Seguridad de Australia también dijo que "no tenía preocupaciones" con la legislación propuesta.
