De igual manera, QHA Foods Pty Ltd, que opera la tienda Crust en Elizabeth Street en North Hobart, ha sido penalizada con $80,000 y dos de los directores y accionistas de la compañía, Anandh Kumarasamy y Haridas Raghuram, quienes estuvieron involucrados en la administración de la tienda, han sido penalizados con un cargo adicional de $12,000 en el Tribunal Federal de Circuito.
QHA Foods, Kumarasamy y Raghuram admitieron haber cometido varias infracciones de las leyes laborales, incluida la disposición de la Ley de Trabajo Justo que hace que sea ilegal discriminar a los empleados en función de su nacionalidad.
La contravención de discriminación se relaciona con tres ciudadanos de Bangladesh y un ciudadano indio a quienes se les pagó un total de $9,926 por el trabajo realizado en el outlet de Crust Hobart entre enero y julio de 2016. Los tres eran estudiantes internacionales en ese momento.
Los operadores de los negocios, que a su vez son inmigrantes indios, sabían que los cuatro trabajadores tenían derecho a tasas mínimas de pago, pero decidieron discriminarlos pagándoles significativamente menos que los empleados australianos.
La Defensora del Pueblo de Trabajo Justo, Sandra Parker, dijo que los Inspectores investigaron el asunto después de recibir una solicitud de asistencia de un trabajador migrante.
“Es particularmente preocupante que este asunto involucre a operadores comerciales que violen los derechos de los trabajadores dentro de su propia comunidad migrante. Discriminar a los trabajadores inmigrantes con mal pago es una conducta inaceptable que no será tolerada por nosotros ni por el Tribunal”, dijo la Sra. Parker.
“La discriminación contra los trabajadores sobre la base de la extracción nacional o la raza puede ser un motor detrás de la explotación laboral. Todos los empleados tienen los mismos derechos, independientemente del estado de la visa y alentamos a cualquier persona con inquietudes en este sentido a comunicarse con el Fair Work Ombudsman”.
Los cuatro trabajadores fueron discriminados en el desempeño de tareas que incluían la elaboración y la decoración de pizzas, la conducción de entregas, el servicio a los clientes y la limpieza.
A los trabajadores se les pagó una tarifa fija por hora de $12 por todas las horas trabajadas, más $1 por entrega de pizza, lo que resultó en un pago insuficiente de manera significativa de las tarifas ordinarias por hora, trabajos ocasionales y horas nocturnas y tarifas de recargo por el trabajo de fin de semana y feriado público, al que tenían derecho en virtud de los acuerdos de la industria de comida rápida.
A los cuatro trabajadores también se les pagó en efectivo, se les pidió que entregaran pizzas a lugares más lejanos que a los empleados australianos y no se les proporcionaron recibos de pago, en violación de las leyes laborales.
En contraste, a los empleados australianos en la tienda Crust Pizza se les pagaban tasas mínimas de pago y tarifas de recargo más altas, incluidas las tasas de penalización por trabajo de fin de semana y días festivos y una tarifa de centavos por kilómetro para las entregas.
Seis de los empleados australianos recibieron tasas ordinarias de más de $18 por hora y tres tasas de recargo de hasta $46.31 en días festivos. Al parecer, a los trabajadores australianos también se les pagó en sus cuentas bancarias y se les entregaron recibos de pago.
Sin embargo, la aplicación incorrecta de algunas disposiciones en el contrato dio como resultado que 10 trabajadores australianos recibieran un pago inferior a un total de $6,252. Los trabajadores extranjeros y todos los trabajadores australianos han sido reembolsados en su totalidad.
QHA Foods, Kumarasamy y Raghuram también violaron las leyes laborales durante la investigación al proporcionar a los inspectores registros que habían sido alterados por la eliminación del registro de horas trabajadas por los cuatro empleados extranjeros.
La jueza Barbara Baker dijo que los cuatro trabajadores migrantes eran vulnerables debido a su comprensión limitada de las leyes laborales de Australia y que la conducta contra ellos fue deliberada.
La juez Baker encontró que la necesidad de una disuasión general en la industria de comida rápida era un factor significativo para determinar las sanciones.
Además de las penalizaciones, la juez Baker ordenó a QHA Foods que encargara cursos de capacitación en relaciones laborales para el personal administrativo.
Es la segunda vez que el Defensor del Trabajo Justo (Ombudsman) garantiza sanciones contra un empleador por discriminar a los empleados en función de su nacionalidad, y el primer asunto también se relaciona con los trabajadores migrantes en Tasmania.
También es la tercera vez que el Defensor del Trabajo Justo ha iniciado acciones legales contra los operadores de un establecimiento de Crust.
El año pasado, el ombudsman inició acciones legales contra una franquicia de Crust en Melbourne, alegando que le pagó a siete empleados un total de $35,725. Este caso se encuentra ante el Tribunal Federal de Circuito.
En 2015, el Defensor del Trabajo Justo aseguró una multa de $3825 contra el antiguo operador de una tienda Crust en Maroubra, en Sydney, por negarse a reembolsar a ocho empleados a quienes se les pagó casi $26,000.
Los empleadores y empleados que buscan asistencia pueden visitar www.fairwork.gov.au o llamar a Fair Work Infoline al 13 13 94. Un servicio de interprete está disponible además en el 13 14 50.
