Tras dos décadas de huir de la persecución en Afganistán en busca de una nueva vida en Australia, el residente Reza (no es su nombre real) teme constantemente ser devuelto a su país de origen.
“Esta (angustia) está presente en nuestras mentes porque el Ministerio de Inmigración (actualmente Ministerio de Asuntos Internos) no nos da la ciudadanía”, dijo a SBS News.
“Creemos que quizá algún día nos puedan devolver a Afganistán”, agregó.
Reza, de 40 años, quien pertenece a la minoría étnica hazara, recibió en 2010 un visado para residir en Australia. Desde hace tres años espera si puede por fin obtener la ciudadanía.
Mientras unos 13.000 inmigrantes adoptaron la ciudadanía en ceremonias realizadas en el Día de Australia el viernes pasado, otros tantos centenares viven una dolorosa encrucijada a la espera de nacionalizarse australianos.
Una nueva investigación indica que las demoras de los casos aumentaron en 450 por ciento.
Según una investigación de 18 meses la Defensoría de la Mancomunidad (Commonwealth Ombudsman), que fue publicado en diciembre pasado, el número de personas sometidas a revisiones de sus identidades y que esperan por más de dos años tras presentar sus solicitudes para obtener la “ciudadanía por atribución” (citizenship by conferral), entre ellos exrefugiados, ha aumentado en 450 por ciento.
Los datos de la Defensoría indican que se ha registrado un incremento de 338 casos que requieren un mayor análisis de la información personal en noviembre de 2016 a unos 2.000 a mediados de 2017.
Este aumento se da a pesar de que por el contrario se ha dado una reducción, en general, de las solicitudes presentadas por aspirantes con casos complejos, de acuerdo al informe.
“La ciudadanía por atribución” o Citizenship by conferral es un mecanismo que permite a los residentes permanentes que cumplen con una serie de requisitos, además de aprobar los exámenes de ciudadanía y acudir en la ceremonia de adopción de la misma a convertirse en australianos.
En enero se registraron 167.820 solicitudes a la espera de que se les otorgue la ciudadanía, de las cuales 5.680 tenían un tiempo de espera que superaba los dos años.
Mayores controles
La investigación de la ciudadanía se centra en aquellos sujetos a los “controles mejorados de detección de integridad” referidas a diversos factores como el país de origen y la “irregularidad” de su llegada o cualquier cambio realizado a su información personal.
La solicitud con más tiempo de espera tiene más de cuatro años, según el informe. Por el contrario, el “servicio estándar” para tramitar la mayoría de los casos es de 80 días.
“A principios de 2016, la Defensoría de la Mancomunidad comenzó a experimentar un aumento en las quejas por parte de las personas que esperaban una decisión en sus solicitudes de ciudadanía por más de un año y algunas veces por más de dos”, de acuerdo al informe.
“En el último año y medio hemos recibido alrededor de 300 quejas sobre demoras del Ministerio”, agregó.
Los refugiados de Afganistán
Los solicitantes provenientes de Afganistán son los que más demoras padecen, según el informe, dado que estas personas provenientes de esta nación en conflicto están en la mira del Ministerio por tener “problemas de integridad”.
“Si bien el Ministerio ha avanzado en la reducción de la tramitación, la evaluación de los casos más complejos debe mejorarse”, según el informe.
Para el representante del Consejo de Refugiados, Asher Hirsch, esta demora responde a una demonización de los refugiados que es exacerbado por un personal que no se ajusta a la evaluación de los casos.
“No tiene sentido que el Ministerio esté satisfecho con la identidad de alguna persona para darle un visado permanente para que pueda quedarse en Australia por el resto de su vida y cuando se trata de la ciudadanía no tenga idea acerca de su identidad”, subrayó Hirsch.
Hirch remarcó que más allá de la negativa a brindar a los refugiados una idea de pertenencia y seguridad, la demora en darle la ciudadanía pone en suspenso la posibilidad de que alguien pueda reunirse con sus seres queridos.
Según una directiva ministerial de 2015, las personas que llegaron a Australia por la vía marítima tienen la prioridad más baja cuando se trata de tramitar los visados de reunión familiar.
“La comunidad de refugiados…ha sido demonizada una y otra vez por este gobierno y ha hallado otra forma de crear un limbo, de crear incertidumbre para causar daño a este grupo negándoles la ciudadanía”, precisó el activista.
Un fallo judicial del Tribunal Federal emitido en 2016 a raíz de una demanda presentada por dos afganos determinó que el período de seis a siete meses debería ser una “guía importante”, recordó el informe de la Defensoría citado por SBS News.
Por su lado el Ministerio negó que exista una congestión o retraso en la tramitación de las solicitudes de ciudadanía y subrayó que Australia tiene “programas de ciudadanía y migración no discriminatorias”.
“Los aspirantes a la Ciudadanía Australiana deben cumplir con los requisitos legales, al margen de cómo llegaron a Australia”, según un comunicado del Ministerio en el que se remarca que sus funcionarios tienen “el deber de realizar una evaluación a conciencia”.
El informe de la Defensoría reconoce la legitimidad de las preocupaciones del Ministerio respecto a “fraude de identidad y una mayor atención a verificar” la identidad de los solicitantes “ha provocado que la toma de decisiones demore más con los aspirantes de alto riesgo”.
A finding from the 'Delays in processing of applications for Australian Citizenship by conferral' 2017 report. Source: Commonwealth Ombudsman
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