La fiscalía peruana informó el martes que investigará a la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las protestas en su contra, que han dejado al menos 40 muertos en un mes.
"La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez", indicó la fiscalía en Twitter.
La indagación es por presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
La investigación incluye también al exjefe de gabinete Pedro Ángulo, y al exministro del Interior, César Cervantes, quienes formaron parte del gobierno de Boluarte entre el 7 y 21 de diciembre de 2022. En ese lapso hubo 22 muertes por la represión de las fuerzas del orden a cargo de policías y militares.
Las protestas se concentran en las zonas andinas de Perú, donde la población pide la renuncia de Boluarte y elecciones presidenciales y legislativas inmediatas.
En un mes de manifestaciones la represión ha dejado un total de 40 muertos y más de 600 heridos.
El día más letal de las protestas fue el lunes, cuando murieron 18 personas en Juliaca, en la región Puno, fronteriza con Bolivia.
El epicentro de las protestas es precisamente la región aymara de Puno, donde según el gobierno se produjo una "asonada" de organizaciones radicales de izquierda que intentaron tomar por asalto el aeropuerto de Juliaca.
ONU pide a Perú respetar derechos humanos de los participantes en las protestas
Por su parte, las oficinas de las Naciones Unidas que operan en Perú instaron este martes al gobierno de Dina Boluarte a respetar los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas.
Exhortamos a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacíficaEsto señalaron agencias, fondos y programas de la ONU en Perú en un comunicado conjunto difundido en su cuenta de Twitter.
La ONU llamó además al gobierno "a observar los estándares y normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes; y a facilitar una solución pacífica y dialogada a la crisis".
La exhortación está dirigida también a las diversas organizaciones detrás de las protestas, a las que pidieron "abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada".
"Estamos muy preocupados por el aumento de la violencia en Perú, que el lunes 9 de enero vivió uno de los días más mortíferos desde que comenzaron los disturbios a principios de diciembre", declaró en Ginebra la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.
Perú declara toque de queda en Puno, epicentro de protestas contra el gobierno
Mientras tanto, Perú impuso el martes un toque de queda en la región andina de Puno, en el sur, para frenar las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, mientras el nuevo gabinete acude al Congreso por un voto de confianza para su investidura.
"Se ha aprobado en el Consejo de ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana", anunció el jefe de gabinete, Alberto Otárola, ante el Congreso.
Soldados despejan un camino que conduce a la carretera Arequipa-Puno, que había sido bloqueada por manifestantes, en Arequipa, Perú, 04 de enero de 2023. El primer ministro de Perú, Alberto Otarola, afirmó este 04 de enero que los peruanos quieren 'vivir en paz y llamó a las personas que participan en las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte a 'respetar la vida y la integridad' de sus compatriotas. Source: AAP / Jose Sotomayor/EPA
La Superintendencia de Transporte Terrestre reportó bloqueos y tránsito interrumpido por piquetes en seis regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas.
En Cusco y en Ayacucho hubo marchas para pedir la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y convocatoria a una Asamblea Constituyente, los principales reclamos de las protestas.
La violenta represión de las fuerzas del orden provocó el lunes 14 muertos entre los manifestantes que trataron de ocupar el aeropuerto de Juliaca y tres fallecidos durante un saqueo en un centro comercial, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Además, un policía pereció quemado al interior de su patrulla, informó la institución.
"¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a ver por estos niños que están traumados, por estos niños que están quedando sin padre, sin madre, huérfanos?", dijo a la agencias de noticias AFP una manifestante, que no se identificó.
El gobierno justificó la actuación de la policía y militares que custodian la terminal aérea diciendo que fue en respuesta a "una asonada" preparada.
El lunes "más de nueve mil personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente dos mil de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas hechizas (armas improvisadas) y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema", indicó a la prensa Otárola.
Familiares a la espera de los cuerpos de sus parientes muertos en protestas
En Juliaca, decenas de familiares de las víctimas hacían cola vestidos de negro en la morgue para recibir los cuerpos de sus parientes.
"Mi hermano murió porque le dispararon, lo mataron los policías", dijo a radio La Decana de Juliaca un familiar de Roger Rolando Cayo, de 22 años.
"La violencia está llegando a niveles insospechados en verdad. La Defensoría señala que no se va a resolver con la participación de las fuerzas armadas o policía esta crisis y este conflicto político", declaró a la AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
En este contexto, Perú recibirá el miércoles a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indagará sobre las manifestaciones y la respuesta policial.
Según el gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales está ligado a las protestas, razón por la cual le prohibió ingresar a Perú hasta nuevo aviso.
Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Pedro Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre, luego de un fallido autogolpe. En noviembre, Morales visitó Puno.
La crisis peruana estalló el 7 de diciembre cuando el presidente izquierdista Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, dominado por la derecha, luego de un fallido intento de cerrar el parlamento y gobernar por decreto.
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