No se debe permitir la reapertura de ningún estado o territorio hasta que todos los australianos con una discapacidad estén completamente vacunados, advirtió al gobierno federal la Comisión Real sobre Violencia, Abuso, Descuido y Explotación de Personas con Discapacidad.
En un informe preliminar condenatorio dado a conocer este lunes, la comisión señaló que el despliegue de las vacunas COVID-19 para las personas con discapacidades y sus cuidadores ha sido "seriamente deficiente".
Además, advirtió que se pondrán en peligro demasiadas vidas si se les permite a los estados y territorios disminuir las restricciones una vez que se alcance el objetivo del plan nacional para reabrir Australia, al llegar al 70 por ciento de personas vacunadas con dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Puntos destacados:
- La comisión real publicó el borrador de un informe sobre las experiencias de las personas con discapacidad, en el contexto del lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19.
- En borrador del informe subraya la falta de consulta a las personas con discapacidad, a los trabajadores de apoyo a la discapacidad, a las organizaciones representativas de la discapacidad y a los proveedores de servicios de ese sector.
- La comisión instó al gobierno federal a "hacer todo lo posible para garantizar que ningún estado o territorio flexibilice significativamente las restricciones" cuando se alcance el 70 por ciento a menos que se haya vacunado a todas las personas en Australia que padecen una discapacidad.
En el borrador del informe se subraya la falta de consulta a las personas con discapacidad, a los trabajadores de apoyo a la discapacidad, a las organizaciones representativas de la discapacidad y a los proveedores de servicios en el desarrollo de la estrategia de vacunación. Así como la falta de transparencia en la toma de decisiones.
La comisión instó al gobierno federal a "hacer todo lo posible para garantizar que ningún estado o territorio flexibilice significativamente las restricciones" cuando se alcance el 70 por ciento, a menos que esté seguro de dos cosas.
En primer lugar, que todas las personas con discapacidad estén completamente vacunadas o estén satisfechas de haber tenido una oportunidad real de hacerlo.
En segundo lugar, que todos los trabajadores en activo de apoyo a las personas con discapacidad estén completamente vacunados.
"Sin esa oportunidad, ellos (las personas con discapacidades) enfrentan riesgos significativos para su salud si contraen COVID-19", dice el borrador del informe.
Algunos estados y territorios, como Nueva Gales del Sur (NSW, por sus siglas en inglés), ya están planeando reactivar sus actividades una vez que se logre la vacunación doble del 70 por ciento de su población.
Pero los datos publicados el lunes muestran que sólo el 66 por ciento de los participantes en el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad (NDIS, por sus siglas en inglés) viven en alojamientos compartidos y únicamente 57,3 por ciento de los trabajadores examinados por el NDIS han recibido las dos dosis de la vacuna.
El borrador del informe menciona 17 hallazgos críticos sobre el manejo del gobierno en la implementación de la vacunación, incluida su decisión a principios de este año de priorizar las vacunas para los residentes de los hogares para las personas la tercera edad, sin informar al sector de la discapacidad al respecto.
"Las personas dentro del grupo de discapacidades prioritarias no conocían la decisión de restar prioridad a la vacunación de personas en instalaciones residenciales para discapacitados durante un período de seis semanas", dice el borrador del informe.
"Durante este tiempo, procedieron al malentendido de que la estrategia de implementación de la vacuna COVID-19 se implementaría de acuerdo con sus términos.
"No es sorprendente que el hecho de no comunicar la decisión de manera oportuna hizo que muchas personas con discapacidad perdieran la confianza en el manejo del gobierno australiano en el lanzamiento de la vacuna".
El borrador del informe también señala que las autoridades federales habían fallado sistemáticamente en consultar y comunicarse claramente con el sector y con los australianos que viven con discapacidades y temen contraer el virus.
"Las fallas en la elaboración e implementación de la estrategia de lanzamiento de la vacuna COVID-19 contribuyeron a la confusión e incertidumbre entre las personas en el grupo prioritario de discapacidad y de las personas con discapacidad en general".
Cuando este lunes se le preguntó a la premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, sobre lo que pedía la Comisión Real a los estados y territorios, respecto a que no abrieran hasta que todas las personas con discapacidad tuvieran doble vacuna, la premier asignó la responsabilidad al gobierno federal.
"Hay ciertas áreas de responsabilidad que tiene la Commonwealth en términos de vacunas. Pero hemos intervenido y hecho absolutamente todo lo posible para proteger a aquellos que son más vulnerables dentro de nuestra jurisdicción y dentro del poder que tenemos y continuaremos haciéndolo", dijo a los periodistas.
El borrador del informe es el segundo elaborado por la comisión real y es el resultado de una audiencia realizada en mayo sobre las experiencias de las personas con discapacidad en el contexto de la estrategia del gobierno australiano en la implementación de la vacuna contra el COVID-19.
