El secretario de Seguridad Interna, John Kelly, ordenó la contratación de 15.000 nuevos empleados de la patrulla fronteriza (CBP) y la agencia de control migratorio (ICE) y abandonó de manera explícita la política de los pasados dos gobiernos de buscar medidas con el Congreso para retener en el país la mayoría de los 11 millones de inmigrantes que viven clandestinamente en Estados Unidos.
"Todos aquellos en violación de las leyes de migración pueden ser sujetos a procedimientos de aplicación de la norma, incluyendo la remoción de Estados Unidos", indicó el DHS.
Las ordenes generaron pánico entre la comunidad inmigrante de Estados Unidos, donde millones de personas, la mayoría provenientes de México y América Central, vislumbraban su posible deportación por primera vez en décadas.
Asociaciones de derechos humanos denunciaron una "cacería de brujas", advirtiendo que una "deportación masiva" rompería familias con arraigo en Estados Unidos y perjudicaría la economía.
Pero Kelly dijo que las órdenes eran necesarias para atacar un problema que ha "agobiado" los recursos públicos.
"El alza de la inmigración ilegal en la frontera sur ha agobiado las agencias federales y los recursos y ha creado una importante vulnerabilidad a la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo.
- Deportaciones expeditas -
Las nuevas reglas facilitan a los agentes fronterizos y de inmigración deportar rápidamente a cualquier persona indocumentada, con pocas excepciones, principalmente niños.
El gobierno mantendrá la práctica de las anteriores administraciones de priorizar la deportación de indocumentados con antecedentes criminales.
Pero las personas sin vínculos criminales, que bajo el antiguo gobierno de Barack Obama no eran consideradas prioritarias para ser deportadas, ahora estarán explícitamente desprotegidas.
"Con extremadamente pocas excepciones limitadas, el DHS no eximirá ninguna clase o categoría de extranjeros sujetos de deportación de la potencial aplicación de la ley", dijo Kelly.
- "Quitar los grilletes" -
Las medidas representan otro paso hacia el cumplimiento de una serie de medidas prometidas por Trump durante su campaña electoral para acabar con la inmigración ilegal, a la que responsabiliza del desempleo y los bajos salarios.
"Por mucho tiempo los agentes de inmigración y frontera tenían las manos atadas", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. "El presidente quería quitar los grilletes", apuntó.
Sin embargo, reiteró que el objetivo no es la "deportación masiva" de inmigrantes.
- "Enfoque cruel" -
Las nuevas directivas no modifican el programa "Acción Diferida para los Llegados en su Infancia" (DACA, en inglés), que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, un programa que también Trump prometió abolir durante su campaña.
Pero grupos de defensa de migrantes no guardaron sus críticas.
"El secretario Kelly ha desatado una cacería de brujas sin precedentes contra millones de familias inmigrantes", dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de Coalition for Humane Immigrant Rights, basada en Los Angeles.
"Estás directrices representan un proceso ilegal y expedito", dijo Salas, denunciando un "enfoque cruel para un asunto muy humano".
Omar Jadwat, director del programa sobre derechos de inmigrantes de la American Civil Liberties Union, estima que se realizará una ofensiva legal contra las nuevas órdenes.
"Estos memorandos confirman que la administración de Trump está dispuesta a atropellar el debido proceso, la decencia humana, el bienestar de nuestras comunidades e incluso la protección de niños vulnerables, en búsqueda de una política hiper agresiva de deportaciones masivas", indicó.
