La otrora poderosa número dos del Partido Nacional Bridget McKenzie no pudo más con las presiones y renunció el mes pasado al cargo de ministra de Deportes al que se aferró con uñas y dientes. El escándalo de los fondos deportivos en el que estaba implicada , y motivó su caída, es visto como la punta del iceberg de un problema mayor: la corrupción y falta de transparencia e integridad que parecen faltar en las altas esferas el gobierno.
Antes de los comicios de 2019 que le dieron la victoria a Scott Morrison, la ministra McKenzie destinó unos 100 millones de dólares de los fondos para fomentar la práctica de los deportes en las comunidades a diversos proyectos ubicados en escaños marginales que la coalición quería ganar.
Así lo determinó la Oficina Australiana de Auditoría Nacional, aunque el gobierno de Scott Morrison asegura que fue la ministra la que usó sus poderes discrecionales y niega que se trate de una acción descarada para beneficiarse políticamente.
Sin embargo la prensa ya ha filtrado algunos correos electrónicos que implican a la oficina del mandatario.
En uno de los mayores escándalos de presunta corrupción que ha afrontado el gobierno, la Oficina de Auditoría también remarca que McKenzie violó muchas veces los principios de la Declaración de Estándares Ministeriales, que pide actuar con integridad, justicia y honestidad en el ejercicio de sus funciones públicas.
Este comportamiento cuestionable, que no se ha llevado a tribunales, pone en duda los esfuerzos en Australia para promover la integridad en las más altas esferas del gobierno.
Ya el año pasado, una encuesta de la Universidad de Griffith reveló que un 62 por ciento de los australianos está preocupado porque los funcionarios y los políticos usan sus cargos para beneficiarse ellos o a sus familias, mientras un 56 por ciento está preocupado porque éstos ceden a favores de terceros o empresas a cambio de donaciones o apoyo político.
“La corrupción es un problema real y tangible. Destruye a los buenos gobiernos y socava las aspiraciones y objetivos económicos. Hemos visto algunas admirables acciones de nuestras admirables agencias anticorrupción hacer intentos sólidos para mantener a nuestros políticos y administraciones limpias, transparentes y construir en base a la integridad”, reflexionaba Adam Graycar, profesor de estudios políticos de la Universidad de Flinders en un artículo publicado en 2015 en The Conversation.
¿Un cordero sacrificado?
La salida de McKenzie se dio después de un informe de la oficina de Morrison que determinó, contrario a lo que indicaba la Auditoría, que la ministra sólo cometió un error técnico al no declarar que era miembro de uno de los clubes que recibieron los fondos.
“También hay pruebas contundentes de que la oficina de Scott Morrison estaba hasta el cuello en la redada a pesar de que el primer ministro lo niega. Dada la finalidad del informe, la sugerencia de que la oficina de Morrison no tenía ni idea de qué escaños tenía como objetivo el informe en la campaña electoral que se avecinaba es una afrenta para cualquiera con un conocimiento básico de la campaña política”, apunta el analista político Bernard Keane en la publicación Crickey.
Keane se refería a evidencias como el correo electrónico que recibió el editor político de Network 10, Peter van Onselen, que indica que la oficina de Morrison tenía la lista de los receptores de los fondos deportivos y que informaba directamente a McKenzie sobre los cambios que debían aplicarse.
Este correo fue enviado a Sport Australia por la asesora de la exministra Rebecca Johnson.
“McKenzie se ha ido. El hedor del interés propio partidario, la mala administración corrupta y el desprecio por los contribuyentes sigue siendo tan fuerte como siempre. Y emana de la misma cúpula de este gobierno”, recalcaba Keane en su artículo del 3 de febrero pasado
La semana pasada, el primer ministro Scott Morrison también tuvo momentos incómodos durante una entrevista con .
La periodista le preguntó, entre otros temas, sobre el escándalo de McKenzie y el intercambio de 136 mensajes entre su oficina y su entonces ministra de Deportes en los que se abordaban las subvenciones. También le preguntó de la presentación por parte de la política del Partido Nacional a su oficina de una hoja de cálculo con código de colores sobre los fondos, destacando los escaños de interés.
Morrison respondió que su oficina no adoptó las decisiones sino fue la ministra McKenzie usando sus poderes discrecionales, al insistir en que su gobierno se centrará en la implementación de las cuatro recomendaciones de la Oficina de Auditoría sobre la transparencia.
“Lo que me interesa, Leigh, y creo que los australianos están interesados también, es qué es lo que pasa con el coronavirus, con los incendios y con la economía”, subrayó Morrison.
¿Hundido hasta el cuello?
El gobierno de Morrison, ha estado implicado en una serie de escándalos, desde los errores de apreciación del pulso y el sentimiento nacional como fue el viaje a Hawái en plena crisis de incendios, así como el cuestionado uso indebido de fondos públicos y el aprovechamiento de los contextos de emergencia para hacer publicidad partidaria.
Uno de los escándalos más recientes que estalló poco antes de la crisis del coronavirus en Australia fue la financiación por parte del gobierno federal de 10 millones de dólares en subvenciones para modernizar la emblemática piscina olímpica de North Sydney, que se encuentra entre el Puente de la Bahía de Sídney y el parque de atracciones Luna Park.
La controversia se da porque el dinero provino del programa Female Facilities and Water Safety Stream que favorece realizar mejoras en los vestidores para mujeres en instalaciones en las áreas regionales y remotas. Si se sigue ese criterio, en esta zona geográfica no abarca a una piscina que está muy cerca del centro de la mayor ciudad de Australia, a pesar de que la alcaldesa de North Sydney, Jilly Gibson, diga que es “definitivamente una instalación regional” por el uso que hacen personas que llegan desde estas zonas.
El gobierno defiende su apuesta por estas subvenciones, incluyendo la de esta piscina.
Sin embargo, la decisión del gobierno federal de otorgar 41 subvenciones en un proceso no competitivo y cerrado ha enfurecido a varios clubes regionales que consideran que no han tenido la oportunidad de solicitar esta ayuda.
El gobierno federal afronta una fuerte presión en torno a cómo administra el dinero de las subvenciones tras el escándalo de McKenzie y se ha puesto en duda el plan para financiar la construcción o reparación de los vestidores para mujeres.
“El dinero no se ha dado con justicia”, dijo AJ Brown del Centro de Gobernabilidad y Políticas Públicas de la Universidad de Griffith al programa 7:30 cuando estalló el escándalo el mes pasado..
“La idea de que se financió sin que se presente una solicitud, sin ningún criterio, sin una asesoría, sin consultar a las partes, se acerca mucho a un anatema a cada principio que rige a una buena política pública y administración”, enfatizó el experto.
Por su lado, el viceprimer ministro australiano, Michael McCormack, comentó en un comunicado al 7:30 que el gobierno “está centrado en cumplir con cada comunidad de Australia y es por ello que hemos financiado una serie de programas para apoyar la modernización de infraestructuras locales en todo el país”.
Integridad y Fiscalización
Si bien la oficina de Auditoría Nacional recalcó en el escándalo de McKenzie que el dinero favoreció a los escaños marginales, Morrison asegura que el informe elaborado por su oficina no halló evidencia de que hubo una intención política deliberada.
El auditor general, junto a otros funcionarios como el defensor, entre otros, es parte importante del marco de integridad australiano. Su trabajo es hacer que el gobierno rinda cuentas, pero no puede obligar al gobierno a cambiar sus prácticas, solo puede dar recomendaciones.
Morrison ha indicado que aceptará las recomendaciones de la Oficina de Auditoría que sugieren enmiendas a los Estatutos y Regulaciones para las Subvenciones del Estado (Commonwealth Grant Rules and Guidelines) para dar transparencia al proceso, aunque aseguró que el ente fiscalizador se equivocó al indicar que las decisiones de McKenzie eran legalmente cuestionables.
Por su lado, el líder de la Oposición, Antony Albanese, felicitó la renuncia de McKenzie aunque recalcó que “este escándalo es más grande que un solo ministro”, al pedir una investigación a fondo de los usos de estos fondos.
“Este escándalo caracteriza todo lo que está mal en este gobierno, todo lo que se trata es de defender sus intereses propios, no los nacionales. También abre la pregunta ¿por qué Angus Taylor sigue en el Gabinete y Bridget McKenzie no?
¿Tapar el sol con un dedo?
La recomposición del Gabinete de Morrison tras la salida de McKenzie puso en el tapete otro problema que parece haberse escondido debajo de la alfombra: la polémica generada por el ministro de Energía, Angus Taylor, quien divulgó un documento falsificado para atacar a la alcaldesa de Sídney Clover Moore respecto a su posición frente al cambio climático.
En ese documento, en que se daba cifras infladas de los viajes de diez concejales de Sídney, se indicaba que se había gastado 15 millones de dólares en un año. Esos datos fueron incluidos en una carta que le envió Taylor a Moore el 30 de septiembre pasado, y que fue filtrada al Daily Telegraph, para sugerir que su oficina podría reducir la huella de carbono recortando los viajes internacionales.
El presupuesto total de los desplazamientos para todos los empleados del municipio de Sídney era de 229.000 dólares y no los 15 millones que indicaba el documento falsificado y adulterado.
Tras descubrirse que los datos eran falsos, la Policía federal investigó el caso, pero el mes pasado lo desestimó su investigación por considerar que no tiene suficientes evidencias para inculpar al ministro. Esta decisión ha sido criticada por varios políticos de la oposición que reclaman el análisis de los metadatos del caso, así como entrevistas a los implicados.
No obstante el primer ministro Scott Morrison ha insistido en que la Policía ya ha analizado el caso y se aferra a que ya han sido desestimados. Morrison pide voltear la página para centrarse en temas que importan a los australianos.
Pero este no es el único escándalo en torno a Taylor. La publicación The New Matilda, otro de los medios periodísticos de análisis político en Australia, recuerda que el ministro aparentemente hizo cabildeo en 2017 junto al entonces titular del Ambiente, Josh Frydenberg, para que se eliminen las protecciones ambientales a praderas sensibles en zonas agroganaderas que eran propiedad de su hermano Richard, lo que supone, de comprobarse los hechos, un claro conflicto de intereses.
“Ministros dudosos como Angus Taylor y Bridget McKenzie pueden sobrevivir en el sistema actual porque el Estado (Commonwealth) tiene salvaguardas anti-corrupción extremadamente débiles. A diferencia de muchos estados, el gobierno federal no tiene una agencia adecuada contra la corrupción”, escribía el periodista Ben Eltham el 31 de enero pasado, en pleno escándalo de los fondos deportivos, en The New Matilda.
Eltham recalcó que la Policía Federal está politizada y el fiscal general, Christian Porter, debería establecer un organismo anti-corrupción, que demora porque de crearse estaría demasiado ocupado con sus investigaciones.
