El fiscal general de Australia, Christian Porter, dio a conocer un proyecto de ley destinado a establecer una Comisión de Integridad (CIC, por sus siglas en inglés), que deberá ser sometido a un período de consulta hasta marzo de 2021 antes de debatirse en el Parlamento.
El proyecto de ley detalla un modelo de lucha contra la corrupción por el que el gobierno federal ya ha sido muy criticado desde que se publicó por primera vez en diciembre de 2018.
"Los australianos esperan con razón que los que trabajan en el sector público, incluidos los políticos y su personal, se sometan a los más altos estándares de honestidad y responsabilidad", dijo Porter.
La CIC tendría la facultad de obligar a las personas a prestar declaración jurada en las audiencias, así como obligarlas a proporcionar información y presentar documentos -aunque la información incrimine a la persona- con una pena máxima de dos años de cárcel por incumplimiento en ambos casos.
Puntos destacados:
- El gobierno australiano anunció una propuesta para crear una Comisión de Integridad para luchar contra la corrupción en Australia y que tendría más poderes que una Comisión Real, aunque no celebrará audiencias públicas.
- El proyecto se someterá a consultas hasta marzo de 2021 antes de debatirse en el Parlamento.
- La creación de un organismo de integridad para luchar contra la corrupción, que abarcará 143 delitos en los que se puede incurrir, aunque la oposición criticó que no se incluyera audiencias públicas.
Se permitirían los registros bajo orden judicial de los hogares y se podrían utilizar dispositivos de vigilancia para combatir una lista de 143 delitos en los que se pueda incurrir.
Aunque su división del sector público no celebraría audiencias públicas, Porter dijo que la parte pública de cualquier investigación sería cuando los asuntos llegaran a los tribunales. Además, la comisión sólo podría tomar su propia iniciativa en los casos en que algo ya estuviera siendo investigado, pero que surgiera otro asunto como resultado de la investigación inicial.
El anuncio de Porter confirmó $106,7 millones de nueva financiación en cuatro años. Eso se suma a los $40,7 millones que ya se han gastado en la ACLEI (Comisión Australiana para la Integridad en la Aplicación de la Ley), que serán absorbidos por la CIC.
Mientras tanto, a partir de enero la jurisdicción del ACLEI se ampliará para abarcar una gama más amplia de organismos.
La oposición critica la falta de audiencias públicas
El portavoz de los laboristas en materia de asuntos de la fiscalía general, Mark Dreyfus, dijo que el gobierno no había escuchado las críticas a sus propuestas, señaladas por primera vez en 2018, entre ellas que debía celebrar audiencias públicas, y la posibilidad de iniciar sus propias investigaciones e indagar más allá de los delitos penales.
"Este es el tipo de comisión de integridad que se tendría cuando no se quiere establecer una comisión de integridad", recalcó Dreyfus a los periodistas.
El líder de los Verdes, Adam Bandt, describió el modelo propuesto como un "chanchullo de protección para políticos corruptos".
Con recursos, pero con deficiencias
Según A J Brown, experto en políticas públicas de la Universidad Griffith, “es prometedor, pero tiene grandes problemas”, según el artículo publicado en The Conversation, en el que señala que existe un consenso político generalizado para que se fortalezca el sistema de integridad de Australia.
Tres cuestiones - recursos, alcance y poderes - determinarán si la nueva Comisión de Integridad de la Commonwealth puede ayudar a restaurar la confianza en la capacidad de Australia para hacer frente a la corrupción, apuntó el analista.
En los 15 años transcurridos desde que Transparencia Internacional Australia recomendó por primera vez un organismo nacional de lucha contra la corrupción, la financiación ha sido un elemento central del debate.
Brown considera que este monto no es suficiente para hacer frente a las lagunas del marco de rendición de cuentas, aunque el monto duplica a las estimaciones del Partido Laborista.
El experto criticó que la primera gran deficiencia es que las plenas facultades de la Comisión Real del CIC sólo se extenderían a alrededor del 20% del sector público federal.
A partir del 1º de enero de 2021, las facultades de la ACLEI abarcarán a más organismos, a medida que su jurisdicción se amplíe para abarcar cuatro nuevos organismos de aplicación de la ley y de reglamentación, entre ellos la la Comisión Australiana de Valores e Inversiones y la Oficina de Impuestos.
“Pero para el 80% del gobierno federal, incluidos los políticos, los fuertes poderes del CIC sólo pueden ejercerse en privado, y sólo cuando hay una sospecha razonable de un delito penal”, precisó el experto al recalcar que la nueva entidad tendrá “poca o ninguna jurisdicción para llegar al fondo de la corrupción de la "zona gris", como los conflictos de intereses no revelados, a menos que un delito penal como el fraude, el robo o el soborno ya sea obvio”.
Brown indicó que “el alcance es también estrecho porque, si bien los jefes de los organismos federales deben denunciar los presuntos delitos de corrupción, esto sólo es posible si alcanzan el mismo umbral”.
Por otro lado, Brown recalcó que la incapacidad del CIC de utilizar audiencias públicas para el 80% del gobierno federal es la característica que probablemente preocupe más a muchos australianos, en un contexto en que esta entidad pueda utilizarse como un arma contra los opositores políticos.
