La Policía australiana registró el miércoles las instalaciones de la cadena pública ABC en Sídney por la publicación en 2017 de una serie de informaciones sobre presuntos excesos cometidos por un comando militar especial de su país desplegado en Afganistán. Un día antes había allanado la casa en Camberra, así como el ordenador y el teléfono móvil de la periodista Annika Smethurst, del grupo News, en Camberra por un artículo publicado en 2018 sobre una supuesta propuesta para dar más poderes a una agencia de espionaje cibernético.
Estos dos operativos han causado las quejas de periodistas, los medios de comunicación y otros sectores de la sociedad civil por considerar que se atropella la libertad de prensa y se amenaza a la democracia, pero el primer ministro australiano, Scott Morrison, asegura que su gobierno no está vinculado con los registros y respeta la libertad de prensa.
“Primero que todo, déjenme decirles que mi gobierno está absolutamente comprometido con la libertad de prensa. Segundo, estos asuntos fueron seguidos por la AFP (siglas en inglés de la Policía Federal Australiana) de una forma operativa que estaba distanciada con el gobierno. El gobierno no tenía conocimiento, no lo hizo instigado por los ministros del gobierno”, remarcó Morrison desde Reino Unido, en donde participa en las celebraciones del Día D, el desembarco de Normandía.
Pero Morrison, a quien un periodista le preguntó si estaba “siguiendo los tips sobre la libertad de prensa de China”, remarcó “nadie está por encima de la ley”, al insistir en que las denuncias fueron referidas a la Policía incluso antes de que él asumiera el cargo en agosto del año pasado.
"La orden de registro se refiere a una remisión recibida el 11 de julio de 2017 del Jefe de las Fuerzas de Defensa y del entonces secretario de Defensa", según un comunicado de la Policía Federal Australiana (AFP, siglas en inglés).
“Bienvenidos a la Australia moderna, una nación en donde la Policía registra a los periodistas para perseguir y castigar la exposición de filtraciones dentro del gobierno federal”, dijo el editor de asuntos legales del diario “The Australian”, Chris Merrit, esta semana tras el escándalo de los registros considerados contra un atentado contra la prensa.
Pero la Alianza de los Medios, Entretenimiento y Artes, que es el sindicato del sector, remarcó que los dos allanamientos “representan un intento perturbador de intimidar el periodismo noticioso legítimo que es de interés público” y reflejan que “ninguna organización mediática es inmune a los ataques del gobierno a la libertad de prensa”.
“Estos allanamientos se usan para intimidar a los periodistas y las organizaciones mediáticas porque dicen la verdad. Se trata más de cazar a los informantes que revelan lo que los gobiernos están haciendo secretamente en nuestro nombre, pero también previenen que los medios den una luz sobre las acciones del gobierno”, agregó la MEAA, siglas en inglés de este sindicato.
”También es claro que la serie de leyes de seguridad nacional aprobadas por el Parlamento en los últimos seis años no solamente han sido diseñadas para combatir el terrorismo pero también para perseguir y juzgar a los informantes que buscan exponer las irregularidades. Estas leyes buscan amordazar a los medios y criminalizar el periodismo legítimo. Ellos buscan castigar a aquellos australianos que buscan decir la verdad”, agregó la MEAA.
¿Qué pasó en la ABC y en Camberra?
La Policía ingresó a la sede de la ABC por una serie de historias vinculadas a presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas especiales de Australia desplegadas en Afganistán. Los llamados “Archivos Afganos”, que se apoyan en documentos filtrados, fueron publicados en 2017. En ellos se denuncian hechos y operaciones clandestinas como la muerte de civiles desarmados y niños.
La orden de registro mencionó a los periodistas Dan Oakes y Sam Clark, autores de los llamados "Archivos Afganos", así como al director de Noticias de la ABC, Gaven Morris, según denunció el medio.
El registro tiene lugar un día después del que la Policía realizó en la casa en Camberra, el ordenador y el teléfono móvil de la periodista Annika Smethurst por un artículo publicado en 2018 sobre una supuesta propuesta para dar más poderes a una agencia de espionaje cibernético.
La AFP explicó en un comunicado que no existen vínculos entre los dos registros, el de la ABC y el de Camberra. Asimismo confirmó que el ministro del Interior, Peter Dutton, “no fue notificado antes de la ejecución de los registros”.
“Sin embargo ambos se vinculan a acusaciones separadas respecto a la publicación de material contrario a las provisiones de la Ley Criminal, lo que es un asunto extremadamente serio que tiene el potencial de socavar la seguridad nacional de Australia”, indicó un portavoz de la Policía australiana.
¿Qué pasará con las fuentes?
La ABC prometió que protegerá a sus fuentes, pese a que los funcionarios registraron los correos electrónicos y celulares de los periodistas.
“Es bastante inusual que una cadena nacional sea registrada de esa manera”, dijo el director gerente de la ABC, David Anderson, en un comunicado en el que remarcó que se trata “de un hecho grave que motiva preocupaciones legítimas en torno a la prensa y el adecuado escrutinio de la seguridad nacional y los asuntos de defensa”.
Y es que protección de las fuentes es uno de los principios éticos centrales del periodismo. Es reconocido por las Naciones Unidas como un elemento vital para que funcione la democracia y exista un periodismo libre, independiente, robusto y efectivo, remarca la académica Rebecca Ananian-Welsh, de la Escuela de Leyes TC Beirne de la Universidad de Queensland, en un artículo en The Conversation.
La experta legal remarca que una de las amenazas a la protección de las fuentes es el marco de vigilancia de datos en Australia, que obliga a la retención de los metadatos (la información vinculada a la información, pero no la información en sí) durante dos años Por ejemplo, si se obtiene la metadata de los celulares de los periodistas se puede saber a dónde van y con quién se contactan.
Para acceder la metadata de los periodistas e requiere una Orden de Información de Periodistas (Journalist Information Warrant-JIW), aunque los registros esta semana sugieren que la Policía no obtuvo los JIW o la metadata no reveló sus fuentes o la AFP no intentó acceder a ellos, agrega Ananian-Welsh.
Los periodistas han intentado evitar usar celulares o apoyarse en mensajes encriptados, pero en 2018, introdujo una ley que obliga a las agencias de telecomunicaciones en ayudarlos en sus investigaciones. Ese año también introdujo una batería de leyes o enmiendas o nuevas medidas sobre espionaje, interferencia extranjera y vinculadas al ocultamiento de la información. Las medidas sancionan a aquellas personas vinculadas al gobierno que revelen información que se considera daña a los intereses de Australia con varios años de prisión. Asimismo los periodistas pueden ir a la cárcel por divulgar información clasificada.
Ananian-Welsh remarca que Australia tiene más leyes de seguridad nacional que cualquier otra nación y es la única democracia liberal que no tiene una Carta de Derechos Humanos que protege a la libertad de prensa, lo que pone a los periodistas en una situación precaria.
“No estoy diciendo que Australia se está convirtiendo en un estado autoritario como Egipto, pero la tendencia se está dirigiendo a esa dirección”, dijo a la ABC el periodista Peter Greste, quien pasó más de un año encarcelado en El Cairo al ser acusado con sus excolegas de Al Jazeera de atentar contra la seguridad nacional de ese país.
Para escuchar más historias de SBS en español, visita :
