El gobierno nombrará un investigador especial para examinar las denuncias de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas especiales australianas en Afganistán y enjuiciar cualquier conducta criminal, tras una investigación de cuatro años sobre posibles infracciones de la ley entre 2005 y 2016.
El Inspector General de la Fuerza de Defensa Australiana (ADF) entregó el informe final de la investigación al Jefe de la Fuerza de Defensa, General Angus Campbell, el viernes de la semana pasada.
El primer ministro Scott Morrison, al anunciar la nueva investigación el jueves, dijo que "durará un período de tiempo indeterminado" y abordará los asuntos penales planteados en el informe del Inspector General.
"La Oficina del Investigador Especial ... investigará esas acusaciones, recopilará pruebas y, cuando corresponda, remitirá los informes al Director del Ministerio Público de la Commonwealth para su consideración", dijo el jueves a los periodistas en Canberra.
"Hay una cantidad significativa de incidentes o problemas que deben investigarse más a fondo y esa investigación será intrínsecamente compleja".
La Oficina del Investigador Especial se ubicará en el Departamento de Asuntos Internos, dijo, y contará con investigadores de la Policía Federal Australiana, asesores legales y personal de apoyo. Se espera que esté completamente establecida para el próximo año, si no antes, dijo Morrison.
También se establecerá un panel de supervisión separado, llamado Panel de Supervisión de la Implementación de la Investigación de Afganistán, para supervisar la investigación y proporcionar informes trimestrales directamente a la ministra de Defensa, Linda Reynolds.
"Hay algo de contenido perturbador aquí, pero no podemos tomarlo y aplicarlo a todos los que se han puesto el uniforme y si hiciéramos esto, sería tremendamente injusto", dijo Morrison.
"Todos compartimos un profundo respeto por nuestras fuerzas de defensa, pero también compartimos un profundo respeto por la justicia".
El general de división Paul Brereton, quien también es juez de la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, comenzó a investigar acusaciones de homicidios ilegítimos y otras posibles violaciones de la ley de conflictos armados en 2016.
Morrison dijo que el informe se publicaría la próxima semana, señalando que incluiría algunas "verdades brutales" y "noticias difíciles y duras".
